Los técnicos que había contratado la Junta Central Electoral (JCE), para trabajar en estas elecciones y que a último momento “renunciaron” y es claro que abandonaron sus funciones, pueden ser procesados judicialmente e ir a la cárcel, plantea el abogado César Amadeo Peralta.

La JCE declaró que unos 3,000 técnicos auxiliares y presidentes de colegios electorales que trabajarían en los comicios generales desertaron a pocas horas de los comicios.

De acuerdo a Peralta estos incurrieron en violaciones penales contempladas como delitos electorales.

Cita el artículo 174 de la Ley Electoral 275-97, que en su acápite 1 establece, “que los que dejaren de cumplir con alguno de los derechos o de ejercer algunas de las funciones que esta ley le señale, serán castigados con prisión correccional de 3 meses a 1 año de cárcel y multas de RD$2,000 a RD$5,000 y la misma pena la sufrirán los que abandonaren sin permiso o autorización de la JCE el cargo, la comisión o la función que de acuerdo con esta ley se les hubiere encomendado”.

Resalta que la renuncia de estos técnicos dificultó el inicio de las votaciones y por consiguiente, serios retrocesos en la información de los resultados al iniciarse las votaciones.