Hoy 
Entre finales de agosto y lo que va de este mes, el país ha sido azotado por las tormentas Gustav, Hanna, Ike y una onda tropical. Todas han causado algún tipo de daño, desde destrucción de infraestructura y plantíos hasta aislamiento de comunidades.
La gravedad de cada caso debería determinar el orden de prioridades en materia de socorro. Desde el paso de Hanna, miles de familias de veintinueve comunidades montañeras de Padre las Casas están totalmente incomunicadas por vía terrestre, debido a desbordamientos de ríos de la comarca. Testimonios llegados desde esa zona indican que la situación es desesperante porque escasean los alimentos y la ayuda oficial no fluye en cantidad suficiente.
Los habitantes de las comunidades aisladas en Padre Las Casas se están alimentando precariamente, con lo poco que se ha salvado de plantaciones agrícolas. La falta de alimentos se suma a la de agua potable en cantidades suficientes y líderes comunitarios temen que se produzcan brotes de enfermedades infecto contagiosas.
Es probable que la magnitud de los daños provocados por las tormentas en todo el país estén desbordando la capacidad operativa de las autoridades, a las que hay que reconocer diligencia y esfuerzo. Aún así, es preciso establecer prioridades en el despacho de alimentos, agua potable, asistencia médica y otro tipo de ayuda hacia las zonas de mayores daños y más difícil acceso.
Hasta las últimas consecuencias
El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), doctor Franklin García Fermín, ha denunciado que dinero, obras de arte y equipos de alta tecnología han sido sustraídos de esa academia, aparentemente en contubernio con personal docente y administrativo. Aunque el documento de denuncia que entregara al vespertino El Nacional no revela nombres ni monto, se trata de una denuncia extremadamente grave.
La UASD es un patrimonio estatal al servicio de la familia dominicana. En esta academia estudian mayormente personas de escasos ingresos económicos, que no pueden pagar el costo de la enseñanza superior privada. La sustracción de equipos y valores es una agresión a las leyes generales del país, y en particular al patrimonio público. El rector ha dicho que el Ministerio Público está apoderado del caso. Aspiramos que la investigación se lleve hasta las últimas consecuencias.
