La praxis política institucional dominicana adolece de un principio de vida sencillo: aprender de los errores y no perpetuarlos. Da grima ver como entidades y funcionarios se repiten y reiteran en prácticas erróneas que impiden la consolidación del avance y desarrollo del pueblo.
Un ejemplo fue lo acontecido en las primarias simultáneas de los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) con la compra de votos. Por primera vez, Participación Ciudadana, entidad de experiencia en observación electoral, logró cuantificar ese flagelo electoral en la cifra de 30%, esto en base a una muestra estadística de 389 mesas electorales equivalentes al 5.34% del universo.
No obstante, faltando ya menos de un mes para las elecciones municipales del próximo 16 de febrero, el sistema electoral no aprendió de esta experiencia y las garantías siguen siendo pocas o inexistentes para impedir que en las elecciones de alcaldes/as, vicealcaldesas/es, regidores/as, la historia no se repita.
A todas luces esto es grave, porque se trata de un delito, que si bien es cierto es antiguo, no deja de ser grave, primero por representar lo peor de una cultura política delincuencial que se aprovecha de la pobreza y necesidades de la gente para por 200, 500 o mil pesos robarle la única oportunidad de participación política electoral que, cada cuatro años, tienen.
Segundo, porque la compra de votos y/o cédula es un delito, y así queda establecido en la Ley de Régimen Electoral 15-19, artículo 282 numeral 6, que señala: serán castigados con la pena de seis meses a dos años de reclusión y multa de uno a cinco salarios mínimos del sector público: los que sobornaren, en cualquier forma y por cualquier medio, a un elector para inducirle a votar de una manera determinada.
Para combatir esto, la propia ley 15-19, en su artículo 289, crea la Procuraduría Especializada para la investigación y persecución de los crímenes y delitos electorales (fiscal electoral). Pero, esta figura está ausente, y aunque el Tribunal Superior Electoral, encargado de juzgar estos delitos, y la misma Junta Central Electoral, han convenido en la importancia de su existencia, la Procuraduría General de la República, entidad que debe crearlo, se ha limitado a decir tiene fiscales capacitados para perseguir los delitos electorales, pero, la existencia de esos fiscales no impidió la compraventa electoral del pasado 6 de octubre, ¿Qué garantías tenemos de que ahora y en las elecciones de mayo será diferente? ¡La voluntad política y una Procuraduría General independiente al poder de turno siguen brillando por su ausencia!