Buenos Aires — Hace poco más de una década Nora Rodríguez esperaba a que cayera la noche para ir a buscar comida en el mayor basurero de Buenos Aires. La travesía tenía riesgos: podía arrestarla la policía o morir aplastada por la basura que arrojaban los camiones de recolección.

Rodríguez ya no come de la basura y sobrevive gracias a una cooperativa de reciclaje que se formó a la luz de los programas sociales impulsados en los últimos 12 años de gobierno para rescatar a millones de marginados que dejó una enorme crisis financiera en 2001. “Estamos orgullosos de decir que vivimos de la basura.

Por trabajar acá nos llevamos dignamente la guita (plata) a casa”, cuenta esta mujer de 47 años encargada de la cooperativa “Bella Flor”, mientras a sus espaldas una decena de jóvenes separan plásticos y vidrios entre los desechos arrojados sobre una cinta que circula frente a ellos en una bodega de un predio adonde llevan los residuos de la capital.

De mirada desafiante, Rodríguez lamenta que “todavía mucha gente va a la montaña (de basura). Me indigna cuando dicen que en Argentina no hay más pobreza. ¿Dejas de ser pobre porque te alcanzan un bolsón de mercadería o un subsidio? Para mí no”.

El kirchnerismo, corriente de centroizquierda del peronismo fundada por el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y su viuda y sucesora Cristina Fernández (2007-2015), arremetió contra un orden establecido que había sumergido al país en la peor crisis económica de su historia.

Durante 12 años impulsó medidas progresistas y revitalizó el rol de la política en la sociedad, pero como ha sucedido con otros movimientos populistas de la región, las políticas de inclusión no alcanzaron para erradicar una pobreza estructural.

También dividió a los argentinos, convivió con graves acusaciones de corrupción, como el emblemático caso del vicepresidente Amado Boudou, que fue procesado por supuestamente adquirir a través de testaferros la única impresora de billetes del país, y con denuncias por pretender fijar límites a los medios de comunicación críticos.

“El kirchnerismo dio una buena respuesta a la crisis y sus primeras apuestas apuntaron a desafiar lo que había ocurrido, reactivar el mercado interno y emparchar un país que se había fisurado”, opinó el sociólogo Roberto Gargarella, profesor en la Universidad Torcuato Di Tella y de la Universidad de Buenos Aires.

“Para los críticos fueron ellos mismos (por los Kirchner) quienes pusieron los términos de una adhesión cívica y luego crearon las dificultades que le quitaron apoyo”. Esa ausencia de apoyo quedó al descubierto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebrada el 25 de octubre, en la que el 60% de los argentinos se inclinaron por otras opciones políticas distintas al kirchnerismo.

Las encuestas vaticinan que el opositor Mauricio Macri, un conservador que promete reformas pro-mercado, le ganará al oficialista Daniel Scioli en la segunda vuelta que se celebrará el domingo.

Gane quien gane, las elecciones pondrán fin al ciclo político más extenso en la historia argentina, pues en los próximos cuatro años el apellido Kirchner no ocupará la presidencia del país, al que sacó de una profunda crisis económica, al iniciar un proceso de redistribución de la riqueza que favoreció a las clases populares y le valió el encono de los sectores más acomodados. Néstor Kirchner asumió en mayo de 2003 con el 50% de la población en la pobreza.

El país se encontraba en cesación de pagos de una deuda que ascendía a 100.000 millones de dólares y la relación entre la política y los ciudadanos estaba quebrada.

“No fue magia”, suele repetir Fernández como latiguillo para contrarrestar a los críticos que sólo atribuyen al precio récord de la soja el rescate del país tras la crisis y no a una política económica focalizada en expandir el mercado interno volcando al consumo a los sectores más postergados.

“Por más que traten de distorsionar la historia, cómo se borra de la mente de los niños y jóvenes que sus padres hayan recuperado el trabajo, que su familia tuvo un crédito hipotecario para la casa, que su primera computadora la recibió del Estado. Podrán tener 10.000 titulares, editar 25.000 frases, pero nunca podrán borrar la vivencia que cada argentino ha tenido en esta década, porque eso es imborrable”, dijo la mandataria.

Los Kirchner se propusieron desendeudar al país para independizarlo de la influencia de organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional, y del capital especulativo, de manera que el gobierno quedara en libertad de accionar sobre la economía sin condicionamientos.

Primero se canceló la deuda con el FMI y se reestructuró el 93% de la deuda impaga desde 2001. El porcentaje de acreedores que no aceptaron la reestructuración se convertirían en un dolor de cabeza para el gobierno de Cristina Fernández.

En 2013, un tribunal de Nueva York le ordenó al gobierno desembolsarles 1.500 millones de dólares y desató un largo conflicto todavía irresuelto que agravó el deterioro de la economía argentina en los últimos años.

Durante el mandato de Kirchner y el comienzo de la gestión de Fernández, la economía argentina creció a una tasa promedio de 8%, con un inédito superávit comercial y fiscal.

El ingreso de divisas por exportación de granos engrosó las reservas del Banco Central a 50.000 millones de dólares y la recaudación fiscal alcanzó máximos históricos.

Varias industrias que prácticamente habían desaparecido durante la década neoliberal de los 90, como la textil y del calzado, se reactivaron gracias a subsidios y barreras impuestas sobre las importaciones.

También se restablecieron las negociaciones salariales entre empresarios y sindicatos, con mediación del Estado, para fijar los aumentos de salario en cada rama de la economía.

El salario mínimo aumentó 2.258% desde 2003 y está fijado actualmente en 6.000 pesos (622 dólares), uno de los más altos de América Latina. El monto de la jubilación mínima, en tanto, aumentó 2.760% en 12 años.

El kirchnerismo destinó cantidades inéditas de recursos a la ayuda social, en gran parte financiadas con la caja de la Administración Nacional de la Seguridad Social, que absorbió los fondos de las jubilaciones y pensiones privadas nacionalizadas en 2008.

Un año después estableció la Asignación Universal por Hijo, que beneficia con un promedio de 1.400 pesos (144 dólares) al mes a dos millones de familias sin empleo o con trabajo informal. “Este gobierno fue maravilloso, me gustaría que siga.

Lo que ella hizo por la pobreza fue extraordinario, mis hijos tuvieron computadora gracias a Cristina. La mitad de mi casa está hecha gracias a Cristina. Mi papá se jubiló gracias a Cristina”, enumeró María Amarilla, de 42 años y madre de siete hijos.

Amarilla colabora en un centro comunitario de una barriada pobre al noroeste de Buenos Aires y que hace 12 años ofrecía la única comida del día para cientos de familias desocupadas.

“El que más tiene no lo quiere ver, no lo quiere entender porque le saca un poco para darnos a los pobres”, dijo la mujer, en referencia al disgusto que provoca en muchos sectores medios la pesada carga impositiva sobre los salarios de trabajadores registrados.

Parte de esa recaudación también se destina al financiamiento de la asistencia social. El impacto de la ayuda social y de las mejoras salariales es difícil de cuantificar con exactitud debido a que el gobierno intervino el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y alteró su sistema de medición a partir de 2007, cuando la inflación asomaba ya como un problema.

Dos años después, también dejó de calcular la indigencia y pobreza. “Parece confirmarse una vez más que el aumento del consumo interno y de la asistencia pública, aunque aliviador de las necesidades más urgentes, no logra resolver estructuralmente la trampa en materia de desigualdad que impone un modelo político-económico fundado en heterogeneidades sociales muy marcadas”, dijo un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina.

El estudio reveló que más de 10 millones de personas viven en hogares que ganan menos de 400 dólares al mes y que el 30% de los hogares de los principales centros urbanos del país presenta déficits en alguno de los indicadores de pobreza estructural, como falta de agua corriente o alcantarillado. La mayor parte de la gestión kirchnerista estuvo marcada por un conflicto con el poderoso conglomerado de medios Clarín, al cual el gobierno eligió como su contraparte bajo el lema “democracia o corporaciones”.

En el marco de esa disputa, impulsó en el parlamento una controvertida ley de medios destinada a limitar la posición dominante de Clarín en el mercado de medios audiovisuales, pero su aplicación sigue aún pendiente por los recursos que ha presentado la compañía ante la justicia por entender que la norma busca acallar el periodismo independiente.

El gobierno también adquirió los derechos de televisión de los partidos de fútbol, que estaban bajo control del Grupo Clarín. El deporte más popular del país llegó a los hogares en forma gratuita, pero a un costo para el Estado de 1.400 millones de pesos (144 millones de dólares) que se le paga al año a la Asociación del Fútbol Argentino.

A partir de esa pelea surgió la “grieta”, término acuñado por Jorge Lanata, famoso periodista y conductor de un programa político de televisión que se emite por un canal de Clarín, y referida a la división política y cultural que provocó el kirchnerismo en la sociedad, solo equiparada al peronismo en los 50.

“Todo se tensó demasiado, pero es una sociedad tensa por pujas de poder”, sostuvo la periodista Sandra Russo, autora del libro “La presidenta”, en el cual reveló detalles sobre la intimidad de Fernández durante su mandato.

Desde los medios de Clarín “le han dicho (a Fernández) que Néstor no estaba en el cajón, que el hijo es un ladrón, que escondía los dólares en el mausoleo en el que está el cadáver de su esposo. La han querido destituir. ¿Cómo te defendés si no es tensándote y acorazándote?”, dijo la periodista, quien es columnista del diario Página 12 y del programa de televisión 678, ambos de línea editorial oficialista.

El kirchnerismo también transformó la vida de muchos argentinos al promover en el Congreso la sanción de leyes inéditas a favor de las minorías sexuales, como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, que permite a una persona inscribirse en el documento con la identidad de su sexo autopercibido.

En materia de derechos humanos, se anularon en 2003 las leyes de amnistía que habían protegido de la justicia a los militares involucrados en crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983).

Esta decisión política permitió que 575 represores fueran condenados, según estadísticas hasta agosto de este año. Los Kirchner, pertenecientes a la misma generación de los desaparecidos, apoyaron a las Abuelas de Plaza de Mayo con recursos para la búsqueda de los cientos de niños nacidos de madres cautivas en centros clandestinos de detención durante el régimen. Desde 2003, fueron hallados 43 de los 118 nietos recuperados hasta ahora.

Por primera vez en la historia, se destinó el 6% del PIB a la educación y se dio un respaldo inédito al desarrollo científico y tecnológico. Más de 1.000 científicos fueron repatriados del exterior, mientras Argentina se convirtió en el único país de América Latina con capacidad para fabricar satélites.

En este período, el Estado recuperó el control de la petrolera YPF y de la aerolínea de bandera, medidas de impacto negativo para inversores extranjeros pero de buena recepción entre la población.

La popularidad del kirchnerismo comenzó a declinar a partir de 2012 en coincidencia con un retroceso de los indicadores económicos, combinados con la inflación y las restricciones impuestas a la compra de dólares. También fue cuestionado por la falta de respuestas certeras al flagelo de la inseguridad y del narcotráfico.

En el inicio del último año de gobierno, por otro lado, apareció muerto el fiscal Alberto Nisman pocos días después de presentar una grave denuncia contra la presidenta en el marco de la causa que investigaba por el atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994. Hasta el momento la justicia no ha determinado las causas de la muerte del fiscal.