FORTALEZA, Brasil. AFP. La presidenta Dilma Rousseff consiguió hoy el apoyo de líderes de la coalición de gobierno para lanzar un plebiscito que reformaría el cuestionado sistema político brasileño, en una nueva jornada de protestas durante un juego de la Copa Confederaciones.  

En Fortaleza (noreste), policías y manifestantes se enfrentaron durante la semifinal España-Italia, que ganó España en definición por penales, cuando unas 5.000 personas, según la policía, marchaban hacia el estadio Castelao de esa ciudad.  

Los manifestantes avanzaban pacíficamente cuando algunos comenzaron a lanzar piedras contra la policía e intentaron derribar barreras metálicas que les bloqueaban el paso. La policía los dispersó con gases lacrimógenos, constataron periodistas de la AFP.  

Varios manifestantes también prendieron fuego a neumáticos en las calles. La policía detuvo a 84 personas, según la secretaría de Seguridad del estado de Ceará citada en la prensa.  

Al menos cinco manifestantes y tres policías resultaron heridos, según el sitio web G1 de Globo.  

Las manifestaciones han continuado en varias ciudades del país, pero con mucho menor intensidad que el jueves pasado, cuando más de un millón de personas salieron a las calles.  

En Rio, una marcha reunió a unas 5.000 personas por las calles del centro la tarde del jueves. En Porto Alegre (sur), por la noche, manifestantes pedían la reducción de la tarifa del transporte público con una concentración en el centro.  

En Brasilia, Rousseff recibió a presidentes de partidos de la coalición con quienes hubo «gran convergencia» sobre la realización de un plebiscito que establezca nuevas reglas para la financiación de campañas electorales y revea el sistema de votación, actualmente proporcional, dijo a la prensa el ministro de Educación, Aloizio Mercadante.   

«Diría que hubo una gran convergencia», precisó el ministro, aunque aclaró que «la última palabra la tendrá el Congreso», el único autorizado a convocar la consulta.   Rousseff tiene previsto reunirse este viernes con la oposición para discutir el tema.   

Masivas protestas se iniciaron hace más de dos semanas en Brasil contra el aumento del precio del transporte pero rápidamente sumaron otras reivindicaciones, como exigir penas más duras contra políticos corruptos y denunciar el millonario gasto público para el Mundial 2014 en vez de destinarlo a salud, educación y transporte. 

La voz del pueblo

«La línea del gobierno es que el pueblo tiene que ser escuchado», dijo Mercadante al defender el plebiscito para reformar el sistema político impulsado por Rousseff.  

El gobierno descartó una Asamblea Constituyente para la reforma política, que había causado polémica, argumentando falta de tiempo, porque debería ser aprobada un año antes de la elección presidencial de octubre de 2014.  

Líderes de los partidos de oposición DEM (conservador) y del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) han señalado que la reforma política debe ser realizada por el Congreso porque es un tema complejo y luego la ciudadanía debe limitarse a aprobarla o rechazarla en referendo.  

«Primero, la presidenta debe enviar al Congreso lo que cree que es una buena reforma política. El Congreso debatirá esa propuesta y de ahí pensamos en un referendo (limitado a un «sí» o «no», ndlr) para lo que fuera aprobado. El plebiscito es una respuesta improvisada de la presidenta para tratar temas tan complejos, de responsabilidad del Congreso», dijo el presidente del PSDB y senador Aecio Neves, citado por el diario O Globo.  

Pero el gobierno llamó a no subestimar a la población.  

«Creo que sospechar que la población no está preparada sería un error, el mismo error de quien desconsidera la capacidad de movilización de las calles», dijo a la prensa Gilberto Carvalho, ministro jefe de gabinete.  

Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, ambos del PMDB, que integra la coalición, han dado públicamente su aval a un plebiscito, y el gobierno espera presentar una propuesta concreta al Congreso el próximo martes. 

Congreso presionado  

El Congreso se precipitó a aprobar a ritmo frenético una serie de proyectos de ley reclamados por los manifestantes y que estaban en el limbo desde hacía años.  

Se aprobó la clasificación de la corrupción como «crimen atroz» en el Código Penal, que agravará las penas, y fue rechazada una propuesta de enmienda constitucional (PEC37) que pretendía limitar el poder de investigación de la fiscalía, y que en la opinión de manifestantes aumentaba la impunidad.  

Asimismo, la Cámara de Diputados aprobó destinar 75% de las regalías del petróleo a la educación y 25% a la salud, y aprobó en comisión el fin del voto secreto para tratar el fin de mandatos parlamentarios en caso de falta ética o condenas penales de los legisladores.  

La Corte Suprema, a su vez, dictó el miércoles prisión para un legislador en funciones condenado hace tres años por corrupción, en la primera decisión de este tipo desde la aprobación de la Constitución de 1988.  

Las protestas se desataron tras dos años de bajo crecimiento y elevada inflación en Brasil, la séptima economía del mundo. Este jueves el Banco Central volvió a reducir la previsión de crecimiento del país a 2,7% para este año (contra 3,1% previsto en marzo) y elevó la de inflación a 6% (contra un 5,7% anteriormente).