Awilda acusa a presidente de la SCJ de obligarla a firmar recibo y a renunciar

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El caso de la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré tomó un nuevo giro este fin de semana con las revelaciones que hizo sobre los tejemanejes que, según ella, ha urdido en su contra el presidente del Poder Judicial, Mariano Germán, de quien dijo, “entre amenazas y sugestiones me hizo firmar el recibo, y me conmina a renunciar”.
Entrevistada en el programa “El Gobierno de la Mañana”, por la radioemisora Z101, Reyes Beltré dijo que lo que ocurre a lo interno del Poder Judicial “es muy grave” y acusó al exprocurador general Francisco Domínguez Brito de vender solo una parte de la historia, no obstante saber todo lo que pasa en la justicia.
Refirió que tal como dijo el magistrado Germán en una oportunidad, en la justicia hay una minoría que actúa al margen de lo que dice la ley y la Constitución, pero ella aseguró que esa minoría no está en las bases sino “en la cabeza que y él lo sabe”.
El viacrucis. Awilda narró que su calvario en la profesión que ejercía desde hace diez años comenzó cuando se atravesó en el camino con personas vinculadas al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), entre ellos el exprocurador general Radhamés Jiménez Peña.
Dijo que a Jiménez Peña lo conoció por “interacciones” que tuvo con él, no motu proprio, y aunque no quiso abundar sobre ese aspecto con el argumento de que es parte de lo que revelará en los tribunales llegado su momento, adelantó que el exprocurador general sí tuvo participación en lo que ocurre a lo interno del Poder Judicial.
“Tuve contacto con él, no porque yo lo contacté, porque no tengo forma de contactarlo, sino porque ellos me contactaron a mí, y tengo entendido, y así lo pude constatar, que es una persona muy cercana o que tiene lazos de amistad muy fuertes con Mariano Germán”, subrayó Reyes Beltré.
Agregó que incluso el día en que el exconsejero (Francisco Arias Valera) renunció, Jiménez Peña estaba en la Suprema Corte de Justicia.
Expresó que por eso en el juicio penal que se sigue contra ambos, ella ha solicitado buscar la cámara de seguridad de la SCJ para que se compruebe quiénes visitaron, entraron y con quien hablaron.
“Porque Domínguez Brito sabe con quién hablaron, quiénes estaban y quiénes no, para que entonces podamos ver quiénes somos o son las partes de esta red criminal”, afirmó la enjuciada magistrada.
El comienzo. Su gran pecado habría sido contarle al presidente de la SCJ lo que pasaba.
Según Awilda, cuando le dijo a Germán “las personas que estaban involucradas en esa situación (trama que negociaba sentencias)”, inmediatamente comenzó la agresividad del presidente de la SCJ hacia su persona.
“Él me dijo que me iba a hacer daño, que me iba a someter a la justicia, me lo dijo en mi propia cara; entonces yo le dije que estaba bien, que lo hiciera, pero que no le iba a regalar mi puesto porque así como yo me lo gané, también lo iba a defender, que a mí no me nombró un decreto, porque el que se nombra por un decreto no sabe lo que cuestan los puestos”, manifestó.
Refirió que entró a la judicatura por vocación; que primero fue defensora pública y tras formarse en la Escuela Nacional de la Judicatura, entró a la judicatura con sus méritos, y que allí tiene 10 años con una evaluación de desempeño excelente, en toda una carrera hecha con su propio esfuerzo.
“Entonces él vio en mí a una persona que no es del grupo, porque si yo fuera del grupo no estuviera en la condición en la que estoy; si yo hubiese sido la cabecilla de esa red criminal que ellos describen y tuviera el poder que ellos han pintado que yo tengo, no estaría en esta situación”, comentó.
Las amenazas. Reyes Beltré reveló que acudió ante el procurador general Domínguez Brito a pedir ayuda ante las amenazas y atentados de muerte que había recibido “de alguien a quien le conviene quitarnos de en medio” y que no pudo identificar, “y al procurador le interesó más utilizarnos de instrumento para que yo le diera nombres, le dijera cosas que él sabe más que yo, y facilitarle el camino a él”.
Agregó que se sintió desprotegida y que fue en esas circunstancias en las que pensó en Participación Ciudadana como alternativa, y que con esa intención fue que se acercó al movimiento cívico y donde habló con Francisco Álvarez.
Inercia de exprocurador. Reyes Beltré cree que Domínguez Brito no inició una persecución o una verdadera investigación contra los involucrados en la trama por él mismo denunciada, por motivos similares a los que tuvo para no recurrir el “no ha lugar” del senador de San Juan, Félix Bautista.
“Entonces, como en el caso hay políticos, parecería ser que ciertamente hay razones igualmente políticas como en el caso de Félix Bautista”, dijo.
Recordó que en el caso también fueron involucrados los destituidos jueces José Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón, y no se sabe nada.
Proceso en el limbo. Se quejó de que el proceso penal que se le sigue por supuesta prevaricación está en el limbo.

La imputada indicó que los jueces han llegado al punto de emitir una decisión en la cual reconocen “que me están afectando con sus decisiones, sin embargo las mantienen, lo que indica que este no es un proceso que se está conociendo en derecho”.
Refirió que en julio pasado le solicitó a la jueza de instrucción especial que dividiera su proceso del de Arias Valera por las interrupciones de este coimputado, ya que ella quiere resolver su situación, no eternizar el caso.
También le solicitó la medida de coerción por muchísimas razones, incluidas de salud, y el tiempo que le dio para algunas diligencias es poco, pues necesita salir y producir, y no recibió respuesta.
Reyes Beltré recordó que todo cuanto ha solicitado le ha sido denegado bajo el alegato de que el expediente está sobreseído por Francisco Arias Valera, “que yo soy parte de ese expediente y que aunque él me perjudique yo me tengo que aguantar”.