La Procuraduría General de la República le asignó una seguridad especial a la suspendida jueza Awilda Reyes y al exconsejero Francisco Arias Valera, quienes cumplen arresto domiciliario y denunciaron que temen por sus vidas.

Mientras tanto, la jueza de la Instrucción Especial, Ramona Rodríguez López, decidió aplazar para el 7 de marzo, la audiencia para conocer un incidente previo a la solicitud de apertura a juicio, hecha por el Ministerio Público (MP) contra los imputados de prevaricación.

También para que el abogado Tomás Castro, quien es parte de la defensa de la magistrada Reyes, esté en la audiencia.

La jueza Rodríguez López fue asignada para conocer el proceso, después de que el MP recusó al magistrado Antonio Sánchez Mejía por presuntamente haber prejuzgado el fondo en la resolución, mediante la cual le varió la prisión preventiva que tenían los imputados, por arresto domiciliario.

Los abogados de los acusados han solicitado un “mapeo” de sus celulares.