La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) está jugando un rol importante en defensa del productor agropecuario y lo hace con bastante ponderación y buen juicio.

El presidente Fernández se reunió con representantes del sector, que le reclamaron apoyo financiero para impulsar la producción de alimentos. También incluyeron otras demandas, como la exoneración del impuesto al gasoil y la conversión del sector en una zona franca especial, a fin de incentivar las agro-exportaciones.

Sin embargo, la agricultura no siempre ha sido víctima de la escasez de recursos, ya que en el pasado estos fluyeron con abundancia (préstamos del BID, BM y USAID) aunque no fueron suficientes para transformar el campo dominicano. Y en ello influyó poderosamente la incapacidad institucional y los impuestos implícitos.

Por eso he insistido siempre que si no hay previamente una profunda reforma institucional del sector, es difícil que los recursos y los incentivos por si solo resuelvan el problema. Porque es esa debilidad lo que conduce al deterioro de los servicios de sanidad, investigación y asistencia técnica, que es la única razón de que exista una Secretaría de Agricultura, al margen de otras funciones marginales. Es igualmente inexplicable el abandono de los invernaderos y del estratégico proyecto Merca Santo Domingo.

Hay políticas fuera del sector que neutralizan los esfuerzos que hacen los agro-exportadores. ¿Qué sentido tiene aumentar en este momento la tarifa a las cargas aéreas? Absolutamente ninguno y menos cuando ya hay un impuesto implícito con el anclaje forzado de la tasa de cambio.

Uno se pregunta ¿por qué todavía existe un elefante blanco y costoso llamado INESPRE? ¿O por qué no se ha transformado el Banco Agrícola, un barril sin fondo, en una institución de segundo piso que ofrezcan mejores servicios financieros y tasas de recuperación más altas?

Los servicios tecnológicos de la SEA tienen que ser totalmente renovados, como lo debe ser la institución como un todo, cuyo presupuesto se gasta mayormente en miles de burócratas que no hacen nada. El IAD ya cumplió su rol histórico y debe desaparecer.

El riego hay que eficientarlo con una administración independiente y responsable que haga racional el uso del agua y cubra sus costos.

Existen infinidad de entidades dispersas en todo el país que reciben aportes del presupuesto para apoyar la agricultura. Ninguna justifica sus costos y lo mejor sería eliminarlas todas e integrarlas a las direcciones regionales del SEA, las que deben convertirse en entes más independientes, fuertes y organizados para catalizar el desarrollo agropecuario.

También hay que revisar la política de subsidios agrícolas en todos los niveles porque hay mucho dinero en juego que se pierde innecesariamente y terminan en el bolsillo de los que no producen nada.

La demandas financieras de la JAD son relativamente modestas, porque realmente el problema en el campo es grande y complejo, como lo es el panorama alimentario. Pero evitemos que los recursos vuelvan a perderse. Si ese dinero llega en un marco institucional diferente y renovado, sus efectos se multiplicarán.