POR IAN JAMES
CARACAS (AP) .- El gobierno de Estados Unidos está gastando millones de dólares en nombre de la democracia en Venezuela, financiando seminarios de derechos humanos, entrenando líderes emergentes, aconsejando partidos políticos y dando donativos.

Pero el dinero está planteando profundas sospechas entre los partidarios del presidente Hugo Chávez, en parte porque Washington se ha negado a revelar el nombre de muchos de los grupos que está apoyando.

Los detalles del gasto aparecen en 1.600 páginas de contratos de donativos obtenido por The Associated Press a través de una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) dio a conocer copias de 132 contratos en total, en los que cerca de la mitad están sin identificar ni revelan otros detalles sobre los adjudicatarios.

Funcionarios estadounidenses insisten en que la ayuda es sobre todo legal y políticamente neutral, y que el gobierno de Chávez lo que haría es acosar y perseguir a los receptores de donativos si fuesen identificados.

Chávez, sin embargo, cree que Estados Unidos está haciendo una campaña _tanto abierta como encubierta_ para socavar su gobierno izquierdista, que hace campaña en contra de la influencia estadounidense en América Latina y otras partes del mundo.

«El imperio les paga a sus lacayos y les paga bien’’, dijo el mandatario recientemente, culpando a algunos de sus adversarios de tomar «el dinero gringo’’.

Mientras la USAID administra buena parte del gasto público estadounidense en América Latina, el gobierno del presidente George W. Bush también intensificó sus esfuerzos encubiertos en la región. Este mes, Washington anunció que creará un puesto de «director de misión’’ de inteligencia para Cuba y Venezuela.

El gobierno de Bush tiene un plan de 80 millones de dólares para acelerar el cambio en Cuba, donde Chávez ha prometido ayuda para defender el sistema socialista de Fidel Castro. Y Estados Unidos también gasta millones en pro de la democracia en Bolivia, en donde Bush ha advertido que se ha «erosionado la democracia’’ desde que un aliado de Chávez, Evo Morales, fue elegido presidente en diciembre.

El líder venezolano no hace distinción entre los programas apoyados por el gobierno estadounidense y sus esfuerzos encubiertos, que según el mandatario fueron puestos en marcha por la CIA para desestabilizar su gobierno. Y eso parece una medida enérgica en momentos cuando Chávez busca la reelección en los comicios de diciembre.

Fiscales venezolanos, en tanto, han interpuesto cargos de conspiración contra los líderes de Súmate, una organización respaldada por Washington que frecuentemente señala las fallas detectadas en el sistema electoral.

La Asamblea Nacional está preparando una ley para exigir que las organizaciones no gubernamentales revelen sus fuentes de financiamiento. Y Chávez ha amenazado con expulsar al embajador de Estados Unidos en Caracas, William Brownfield, a quien acusa de causar problemas al entregar fondos de la USAID en barriadas pobres para financiar equipos infantiles de béisbol y guarderías.

Muchos de los gastos son supervisados por la Oficina de Iniciativas de Transición (OTI) de la USAID, que trabaja en «Países de prioridad’’ tales como Irak, Afganistán, Bolivia y Haití.

OTI dice haber supervisado más de 26 millones de dólares para programas en Venezuela desde el 2002, cuando empezó el trabajo aquí después de un fallido golpe de estado contra Chávez. Gran parte de esos fondos han ido hacia más de 220 pequeñas subvenciones como parte la «Iniciativa para construir la confianza en Venezuela’’ de la USAID.

«Es un programa en pro de la democracia para trabajar con venezolanos de cualquier punto de vista’’, dijo Adolfo Franco, administrador adjunto para América Latina y el Caribe de la USAID. «Es sin prejuicio político’’.

La USAID otorgó en el 2004 y el 2005, años examinados por la AP, fondos para algunos proyectos caritativos que incluyen la entrega por Brownfield de equipos deportivos valorados en 19.543 dólares en barriadas donde Chávez tiene un alto apoyo popular, y otros 23.189 dólares para gallinas y el acondicionamiento de un galpón en una escuela para jóvenes pobres.  Otras iniciativas, según dicen, buscan promover un buen gobierno. Se entregaron 15.289 dólares para publicar una guía de bolsillo sobre ciudadanía.

Uno de los beneficiarios fue el Consorcio Desarrollo y Justicia, que recientemente realizó un seminario en un empobrecida barriada de Caracas para orientar a adultos en «contraloría social’’, cómo participar y vigilar los trabajos de los gobiernos locales. Una pancarta en el vecindario decía «Chávez, por siempre’’, pero el profesor Antonio Quintin recordó a los estudiantes que «los gobiernos son solamente delegados’’.

La mayoría de los asistentes no tenía ninguna idea de que Estados Unidos había pagado la clase, e incluso partidarios fervientes de Chávez no vieron nada subversivo en su contenido. «Siempre y cuando sea para beneficio, no importa de dónde viene el recurso’’, dijo Ingrid Sánchez, de 40 años, miembro de los denominados Consejos Locales de Planificación.

Pero otros proyectos continúan siendo imprecisos y preocupan a los chavistas, como el aporte de 47.459 dólares para el desarrollo de una «campaña de liderazgo democrático’’, otro de 37.614 para reunir ciudadanos a fin de mantener «diálogos políticos para una visión actualizada y compartida’’, o de 56.124 dólares para analizar la nueva constitución de 1999, en donde no figuran los nombres de los adjudicatarios.

Funcionarios estadounidenses afirman que la preocupación es infundada. Señalan que Estados Unidos con el financiamiento de estos programas quiso tender un puente entre los divididos simpatizantes de Chávez y sus adversarios. Los seminarios incluyen temas como la resolución de conflictos y se hicieron segmentos para televisión y salas de cine que instaban a la convivencia pacífica.

En muchos de los casos los gastos eran «en esencia’’ ayuda para boletos aéreos, refrigerios, en lugar de aportes en efectivo. Y cada donativo requiere la inclusión de las personas del otro lado del espectro político.

Incluso algunos grupos pro-chavistas consiguieron subvenciones, indicó Russell Porter, un importante funcionario de la OTI para América Latina.

De todos modos, la USAID sostiene que revelar una mayor cantidad de las identidades podría ser una «invasión injustificada de la privacidad personal’’ que podría poner en peligro a los receptores, algunos de los cuales, según dice la USAID, han sido interrogados durante hasta 12 horas por la policía política venezolana, Disip.

«Es sólo por la seguridad del receptor’’, señaló Porter. «Lo único que hemos resguardado son los nombres de los grupos’’.

Funcionarios estadounidense dicen que sólo quieren promocionar el diálogo y reforzar las «frágiles instituciones democráticas’’ de Venezuela.

Pero paralelamente Bush ha catalogado a Chávez como una amenaza para la democracia, y los simpatizantes del mandatario encuentran difícil confiar en la motivación del gobierno de Estados Unidos.

«Están tratando de implementar el cambio de régimen. No hay duda sobre ello. Pienso que el gobierno de los Estados Unidos trata de ocultarlo diciendo que es una misión noble’’, dijo Eva Golinger, una abogada venezolano-estadounidense que escribió el «Código Chávez’’, un libro que cita documentos públicos para argumentar que Washington está tratando sistemáticamente de derrocar al líder venezolano.

Golinger ve semejanzas en pasadas campañas de Estados Unidos, parcialmente encubiertas, de ayudar a adversarios del gobierno en países desde Nicaragua a Ucrania.

«Es demasiado sospechoso tener tal nivel alto de reserva’’, añadió.

El Departamento de Estado estadounidense ha apoyado también misiones de observadores electorales y entrenamiento para activistas de derechos humanos como parte de los 26 millones de dólares donados desde el 2002.

Adicionalmente, el grupo Fundación Nacional para la Democracia (National Endowment for Democracy), una institución privada financiada por el Congreso estadounidense, ha adjudicado desde el 2002 unos 2,9 millones de dólares en donativos que estarían destinados a apoyar la democracia en Venezuela, mientras que el Instituto Internacional Republicano (IRI) y el Instituto Nacional Demócrata (NDI), ambos basados en Estados Unidos, han ayudado a reestructurar y proveer ayuda técnica a varios partidos políticos venezolanos y apoyado el entrenamiento de observadores electorales.