Aunque la ley consigna un 10% del producto interno para los ayuntamientos, el proyecto de Presupuesto General del Estado del 2017 solo le asigna el 2.9%, cifra inferior a lo que recibían los cabildos hace casi 30 años, afirmó ayer el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Waldys Taveras, quien asegura que en el 1990 a los ayuntamientos se les entregó un 3.54, cuando la ley establecía que se les transfiriera el 4%.
El exregidor y consultor municipal indica que esa asignación viola el artículo 204 de la Constitución sobre transferencia de competencia a los municipios.
El proyecto de Presupuesto se estudia ahora en el Congreso Nacional, por lo que Taveras solicitó su intervención a los voceros del PRM en el Congreso, Alfredo Pacheco y Santiago Zorrilla, y al senador Tommy Galán, que preside la comisión bicameral.
En un comunicado enviado a los legisladores, se le anexó una copia del presupuesto de 1990, en el que se establece que del presupuesto de 4,829 millones de pesos, los cabildos recibieron 171 millones, lo que equivale al 3.54%.
Mientras que en el 2017, explica, el presupuesto consigan 537 mil millones de pesos de ingresos internos y a los ayuntamientos solo llegarán 16 mil millones, para un 2.9%, explica el experto en asuntos municipales.
Taveras condenó el silencio cómplice ante tal violación de las instituciones que deben ser representativas de la municipalidad, como la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), la Liga Municipal Dominicana (LMD) y la Asociación de Regidores (Asodore).
Sugiere a los congresistas gestionar un aumento del presupuesto para los ayuntamientos y recomienda que estos sean establecidos como fondos especializados para prestar exclusivamente los servicios municipales fundamentales, como son la recolección y disposición final de los desechos sólidos y la iluminación pública.
El experto en temas municipales propone que en la ley del presupuesto del 2017 se indique que la inversión de esos recursos especializados se realizará de acuerdo a las disposiciones de los Concejos Económicos y Sociales Municipales, establecidos en el artículo 252 de la Ley Municipal, y supervisados por los Comité de Seguimiento Municipal de la que deberán formar parte los congresistas de cada provincia en su condición de fiscalizadores del gasto publico.