Ayuntamientos y PLD: ayer y hoy

BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
Al PLD no le sienta bien perseguir a los ayuntamientos como lo está haciendo. Este comportamiento tampoco guarda coherencia con su historia y con su predicamento, sobre todo desde el poder, desde el Palacio Nacional. Tanto para las elecciones de 1996 como para las de este año, el Partido de la Liberación Dominicana hizo amplias ofertas para la descentralización municipal, para el fortalecimiento de la autonomía, para crear el verdadero poder municipal y hasta para diseñar y poner en marcha presupuestos participativos.

(Programa de Gobierno 1996-2000.- “Promover el fortalecimiento de las funciones de los ayuntamientos mediante un proceso de descentralización que gradualmente asegure la transferencia de poderes y atribuciones desde el gobierno central a los gobiernos municipales”.) 

Por años nos hemos quejado en el país porque los cabildos han sido convertidos en oficinas de empleos, en vez de ser verdaderos gobiernos municipales y semilleros de liderazgos municipales con vocación de extenderse a las provincias, al Congreso Nacional y hacia otros ámbitos mayores.

(Programa de Gobierno 1996-2000.- “Abogar porque los gobiernos municipales desarrollen de manera directa o con otros órganos del Estado funciones relacionadas  con salud pública y asistencia social, educación y cultura, protección del medio ambiente, turismo, transporte y tránsito públicos, deporte y recreación, construcción y mantenimiento de caminos vecinales y obras de infraestructura”.)

Joaquín Balaguer cercenó la autonomía económica y la capacidad de decisión de los ayuntamientos. Una de sus primeras medidas, en 1966, fue despojar a los cabildos de ingresos que recibían de manera directa de sus respectivos territorios. Estableció un sistema inicuo de subsidios especiales que le sirvió de instrumento para humillar y entorpecer las gestiones de los síndicos de la oposición. Y lo hizo de forma sistemática, sin importarle que con ello estorbaba el desarrollo de una institución que en la historia dominicana es más antigua que la Presidencia de la República y sin importarle que los munícipes eran seriamente afectados.

(Programa de Gobierno 1996-2000. “Propiciar modificaciones a las leyes que rigen el funcionamiento municipal, tales como la ley 140 (provisión de recursos), la ley 180 (para que el Ejecutivo no tenga que sancionar el establecimiento de arbitrios municipales), ley 6232 (planificación urbana), etc.”) 

La administración del Presidente Leonel Fernández no tiene necesidad de recurrir al acoso político, enmascarado en argumentos legaloides, contra los ayuntamientos. Su estilo considerado, su deseo de hacer posible el crecimiento de las instituciones, su interés en la gobernabilidad y sus reiterados discursos sobre la democracia y sus prácticas, le obligan a tomar otro camino, a buscar entendimientos, a discutir los asuntos que considere modificables, etcétera.

(Programa de Gobierno 2004-2008.- “Propiciar la construcción de un régimen municipal concebido como Poder del Estado, gobierno y administración del territorio municipal, con un régimen de autonomía política, financiera, fiscal y administrativa, coherente con las demandas de desarrollo local”.)

La historia solo recordará las instituciones creadas desde el poder y a sus creadores. Poco a poco los ayuntamientos han ido conquistando su lugar. Con mucha lentitud pero de manera firme. La Comisión para la Reforma del Estado creada en el primer gobierno del Presidente Fernández hizo mucho énfasis en el tema municipal, en la descentralización y en la necesidad de tener gobiernos locales fuertes, eficientes y transparentes. Mantener estas banderas es la coherencia del PLD y sus funcionarios.

(Programa de Gobierno 2004-2008. “Propiciar la amplia discusión y concertación del proyecto de Ley Orgánica Municipal con miras a lograr un ordenamiento jurídico que haga viable la descentralización territorial y la participación ciudadana”.)

La existencia de una policía municipal, relativamente autónoma como lo es cada ayuntamiento, está más que sobreentendida. Aquí y en todo el resto del mundo. Si por uno más de nuestros frecuentes vacíos legales la legislación no es suficientemente clara sobre el particular, entonces el único comportamiento políticamente válido es discutir el manejo de la situación creada y diseñar el marco legal con la participación de todas las fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso Nacional.

Pero los despojos no caben. Tampoco los estereotipos y las descalificaciones. Las decisiones adoptadas por el Presidente Mejía para dotar de equipos de trabajo a los cabildos, que la opinión pública presenció a lo largo de sus cuatro años de gobierno, deben ser respetadas. De lo contrario, no será posible hablar de legalidad y de institucionalidad. Tampoco de continuidad del Estado.

(Programa de Gobierno 2004-2008. “Establecer consensos con los municipios para acordar determinados niveles de regímenes de transferencias fiscales, autonomía impositiva, rentas territoriales y límites de endeudamiento, dentro de un proceso gradual.” “Promover  la definición de competencias claras para los ayuntamientos en lo referente a servicios, educación básica, salud rural y urbana, medio ambiente, tránsito, seguridad ciudadana y otros”.)

La administración Fernández no debe pasar por alto que en una tradición presidencialista como la dominicana, es mucho el trabajo que el Poder Ejecutivo puede desarrollar en beneficio de los municipios, de las provincias, del Distrito Nacional y de todos los ciudadanos y ciudadanas. Y por aquí anda, en las actuales circunstancias, su capital político, su capital electoral.

Tenemos que impulsar el desarrollo de los municipios, no retrasarlo.
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