El director administrativo de la Azucarera Porvenir, arrendataria del Ingenio Porvenir, Antonio Romero Escañuela, calificó de temerarias, calumniosas e injuriosas las acusaciones del director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Pedro Mota Pacheco, quien a través de una nota en este medio el pasado 25 de este mes aseguraba que no entregarían el ingenio por una alegada violación al contrato de arrendamiento y los acusaba de haber saqueado el ingenio.
“La empresa Azucarera Porvenir S.R.L, arrendataria del Ingenio Porvenir, siente una gran sorpresa y profunda tristeza al ver como un funcionario del Estado dominicano se jacta públicamente de desacatar las sentencias judiciales, la Constitución de la República y la leyes que juró respetar en virtud de su cargo como servidor público”, dice la administración en una nota enviada al HOY.
Considera que la actitud del director del CEA evidencia que este no está capacitado para desempeñar el cargo que ocupa al desconocer que la sentencia que anuncia recurrirá adquirió la autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.
Indican que incluso un hipotético recurso de revisión constitucional alegando cualquier violación de un derecho fundamental no paralizaría la ejecución de la sentencia no. 45 de la Suprema Corte de Justicia que revoca el secuestro judicial del Ingenio Porvenir.
Matos Pacheco aseguraba que el ingenio sería administrado por el CEA en beneficio de San pedro de Macorís.

Sobre las acusaciones de violación del contrato, indican que “la única parte condenada por tal cosa ha sido el CEA a través del Laudo arbitral CRC-1105156 de fecha 19 de octubre de 2012, entre otras cuestiones, por no haber cumplido con la entrega bajo inventario de los activos arrendados, y no al contrario como declara el señor Pedro Mota.

“Finalmente, ante las calumniosas acusaciones de que Azucarera Porvenir se “llevó la refinería y otros equipos del ingenio”, hemos de hacer constar que la refinería del Ingenio Porvenir está desmantelada desde principios de los años 90.
Dice que por el contrario ha sido el CEA “quien extralimitándose en la interpretación de la sentencia 1-2014 que les otorgó el secuestro judicial se incautó de todos los vehículos, equipos pesados y maquinaria propiedad de la empresa española y que no son bienes del Estado”, concluye el comunicado.