La Suprema Corte de Justicia (SCJ) devolvió ayer al Estado dominicano, libre de anotación y gravamen, la parcela numero 215-A, ubicada dentro del área protegida de Bahía de las Águilas, tras rechazar los últimos 9 recursos, de un total de 53 que fueron interpuestos contra la sentencia del Tribunal Superior de Tierras del Distrito Nacional, que anuló los títulos de propiedad que de forma ilegal se expidieron sobre esos terrenos.
Con estas nueve sentencias, dictadas por la Tercera Sala en Materia de Tierras, que integran los magistrados Manuel Herrera Carbuccia, quien lo preside; Moisés Ferrer y Blas Fernández, se pone fin a la litis que desde hace 20 años venía librando el Estado dominicano con particulares por esos terrenos.
Los jueces además declararon “ inaceptable y carente de validez” el acuerdo de cuota-litis entre el Estado dominicano y los abogados particulares Manuel de Jesús Cáceres Genao, Samuel Ramia Sanchez, Gustavo Biaggi Pumarol y Blas Minaya Nolasco, “por ser violatorio al interés general, desproporcionado y no razonable”.

Asimismo, ordenaron al registrador de títulos correspondiente hacer mérito al dispositivo y eficacia de la presente disposición judicial.

La parcela 215-A, del distrito catastral número 3, del municipio de Enriquillo, Barahona, tiene una extensión superficial de 36,197 hectáreas, 87 áreas y 62 centiáreas, y está amparada en el certificado de título número 28, a favor del Estado dominicano.
Dispositivo sentencias. En su ordinal Primero expresa: “Casa sin envío por no haber nada que buscar la sentencia dictada por el tribunal superior de tierras del departamento central, del 24 de febrero del 2016, relativa a la litis de derecho registral, nulidad y cancelación de todos y cada uno de los certificados de títulos, carta-constancia, deslinde y subdivisiones y toda operación registral o catastral sobre la parcela número 215-A, del DC número 3, del municipio de Enriquillo, que abarca una extensión superficial de 36,197 hectáreas, 87 áreas, 62 centiáreas, amparadas en el certificado de títulos número 28 a favor del Estado Dominicano, libre de anotación y gravamen, por los motivos expuestos, debiendo el funcionario correspondiente, registrador de títulos, hacer mérito al dispositivo y eficacia de la presente disposición judicial”.
Recursos rechazados. Entre los recursos de casación interpuestos contra la sentencia número 20160662, dictada el 26 de febrero del 2016 por el tribunal de Tierras, los jueces rechazaron los de las empresas Diseños, Cálculos y Construcciones S.A. (DICCSA) y compartes; Fomento de Obras y Construcciones, SA (FONCSA), Dominican Corporation y Lan Diver Corporation, y otros.
Además declararon inadmisible el interpuesto por Águila Domínico Internacional, SA; y la caducidad de otros incoados por particulares.
Habla el juez. El presidente del tribunal, magistrado Herrera Carbuccia, afirmo que con esas sentencias se cierra un ciclo sobre el caso inmobiliario mas importante en la historia republicana.
“Es la primera vez que en la historia de la justicia dominicana se dan 53 recursos de casación sobre una misma sentencia”, resaltó.
¡Un triunfo! Laura Acosta, quien asumió como una herencia de su madre, Piky Lora, la lucha judicial por la recuperación de las tierras de Bahía de Las Águilas, dijo que cerrar en cinco años con una sentencia que adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, lo que no se hizo en 20 años, “ es un verdadero triunfo”.
PGR considera trascendente fallos SCJ
El procurador general, Jean Rodríguez, consideró como “un trascendental avance en los procedimientos judiciales que llevan en materia inmobiliaria”, las sentencias emitidas ayer por la SCJ en el caso Bahía de las Águilas.
Dijo que con las mismas “nos acercamos mas a la meta de recuperar todos los inmuebles que están de manera ilegal en poder de particulares”.
Recordó que el Ministerio Público también interpuso un recursos de casación parcial contra la sentencia del Tribunal Superior de Tierras, por estar en desacuerdo con varios puntos de la misma, entre ellos, que en el dispositivo de la sentencia de marras no se ordenó la anulación de todas las constancias anotadas en el certificado de título que ampara el derecho de propiedad del Estado dominicano en la referida parcela 115-A. Además, porque el Tribunal de Tierras no se refirió a las determinadas conclusiones incidentales de las partes ni hizo constar los medios de inadmisión.
“Ahora, la Suprema Corte de Justicia acogió nuestro recurso de casación parcial, y ordenó la anulación de todas las constancias anotadas en el certificado de título que ampara el derecho de propiedad del Estado dominicano en dichos terrenos. Esa es una decisión que valoramos”, dijo el procurador al salir de la sala de audiencia donde se leyeron las sentencias del caso.
Resaltó los esfuerzos del MP a través de la oficina del Abogado del Estado, para que el Estado no saliera perjudicado de este fraude colosal.