Hoy 
El Directorio Ejecutivo del Banco Agrícola respaldó la solicitud de 75 agrupaciones agropecuarias para que el Gobierno otorgue a las empresas del sector una amnistía fiscal.
Dijo que los ingresos que el Estado deje de recibir hoy por la amnistía fiscal serán compensados más adelante con creces, si se le establece un plazo razonable a las empresas agropecuarias para que cumplan con ese requisito fiscal.
Afirmó que la falta de organización administrativa-contable que impera en los pequeños y medianos productores agropecuarios hace indispensable el otorgamiento de una amnistía fiscal en el campo.
El Directorio Ejecutivo del Banco Agrícola está integrado por representantes de la Secretaría de Agricultura, Instituto Agrario Dominicano (IAD), Banco Nacional de la Vivienda (BNV), Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), del Consejo Nacional de Parceleros de la Reforma Agraria y de los medianos y pequeños productores privados.
El ingeniero Paíno Abreu Collado, preside el Directorio Ejecutivo del Bagrícola en su calidad de administrador del Bagrícola, mientras que el ingeniero Antonio Camilo, subsecretario de Agricultura, representa a esa institución, Juan Francisco Caraballo, subdirector del IAD, asiste a nombre de ese organismo, y Napoleón Alvarez, representa al BNV.
Además, Apolinar Germosén, representa a los productores del sector reformado, Federico Núnez al Consejo Nacional de Parceleros de la Reforma Agraria, y Angel Estévez, a los medianos y pequeños productores privados.
El Directorio del Banco Agrícola consideró además que en el sector hace falta mecanismos transparentes para medir el nivel de ingresos y gastos de las pequeñas y medianas empresas y, a la vez, éstas han carecido de cultura fiscal a través del tiempo, ya sea por la falta de orientación o por desconocimiento.
Precisó que es sumamente importante el proceso de adecuación competitiva de cara a las exigencias que les impone el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
Unas 75 agrupaciones agropecuarias solicitaron al Presidente Leonel Fernández, al Senado, a la Cámara de Diputados, al liderazgo política nacional y a las iglesias que el sector sea favorecido con una amnistía fiscal para poder adecuar sus operaciones.
Estiman que una amnistía fiscal permitiría preparar sus estructuras productivas para enfrentar los retos del DR-CAFTA.
