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El vicepresidente de Operaciones y Finanzas del disuelto Banco Intercontinental (BANINTER), Marcos Báez Cocco, afirmó que es inocente de los cargos formulados en su contra, y que las operaciones que ordenaba eran a requerimiento del presidente de la entidad bancaria Ramón Báez Figueroa.
«No existía ningún doble sistema de informática, no se lo que quieren decir con banco subterráneo», precisó Báez Cocco según se hacer constar en la decisión emitida por el juez del Séptimo Juzgado de Instrucción, Eduardo Sánchez Ortiz, quien instruyó la sumaria del caso.
No obstante, Sánchez Ortiz, al instruir el caso determinó que existen indicios que comprometen la responsabilidad penal de Báez Cocco y Báez Figueroa, en tanto favoreció con un auto de no ha lugar al economista Luis Alvarez Renta, así como a la vicepresidenta de la disuelta entidad bancaria Vivian Lubrano de Castillo y el abogado Jesús María Ferrua.
El banquero, en los interrogatorios practicados por el juez de instrucción, añadió que es totalmente incierto que los adelantos y redescuentos facilitados por el Banco Central eran tomados por BANINTER y canjeados en dólares y no para los fines destinados.
«Yo contaba con la anuencia del presidente del Banco para realizar las operaciones. No tengo ninguna explicación a la denuncia interpuesta en mi contra. Esas excepciones de autorizar cheques certificados sin fondos lo podrían hacer los oficiales de crédito con clientes excelentes, no recuerdo haber autorizado registrar un gasto de 43.7 millones de dólares para cancelar pasivos, o sea adelanto a cartera de créditos especiales a empresas del Grupo Intercontinental, pero definitivamente no pudo ser sacando dinero en dólares nuevos», explicó.
Agregó además que su función como vicepresidente de Operaciones era realizar todas las operaciones de la banca comercial dominicana.
«Yo reportaba directamente a Báez Figueroa, del cual recibía instrucciones, también recibía instrucciones de los departamentos crediticios», explicó.
El banquero dijo no entender como una operación mercantil no objetada por la Junta Monetaria puede ser destruida dos semanas más tarde y alegar la existencia de tantas irregularidades cuando el Banco del Progreso no hizo ninguna objeción en las dos semanas que estuvo su administración y que luego de estar en la administración del Banco Central, su gobernador en una charla en Santiago especificara que los problemas que habían en BANINTER eran tan pequeños que no iban afectar para nada la economía.
Los ejecutivos de la disuelta entidad bancaria fueron sometidos a la justicia a mediados de mayo pasado acusados de violar los artículos 147 y 148 del Código Penal, así como el 80 de la ley 183-02 de la ley Monetaria y Financiera y la ley 72-02 sobre lavado de activos.
