Los abogados del banquero Ramón Báez Figueroa interpusieron ayer una querella contra tres dirigentes del Proyecto Presidencial Hipólito (PPH), entre ellos el ex secretario de Agricultura, Eligio Jáquez, a los que acusan de extorsión, prevaricación y otros delitos.

En la instancia, los abogados Marino Vinicio Castillo (Vincho) y sus hijos Juárez y Vinicio Castillo Semán, sostienen que como consecuencia de las presiones ejercidas desde el gobierno, las autoridades del Banco Intercontinental (BANINTER) entregaron en efectivo a Jáquez, Ana María Acevedo, Tesorera Nacional, y a la directora de Pro Comunidad, Pastora Méndez, decenas de millones de pesos, parte de los cuales fueron usados para hacer posible la aprobación de la reforma constitucional que permitió la repostulación del presidente Hipólito Mejía.

En la querella depositada por ante la jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Doris Pujols Ortiz, los abogados piden que sea anexada al expediente del BANINTER que está siendo instruido en el Séptimo Juzgado de Instrucción y en el que figuran como principales implicados Báez Figueroa, Vivian Lubrano de Castillo, Marcos Báez Cocco, Luis Alvarez Renta y Jesús María Troncoso Ferrúa.

Los abogados señalan que el 8 de septiembre del año pasado depositaron por ante el juez de instrucción Eduardo Sánchez Ortiz una hoja de papel, carente de logotipos, títulos o identificaciones del BANINTER con la mención «recibo» en el que se hace constar que los funcionarios recibieron de parte de Báez Cocco, que a la sazón ostentaba el cargo de vicepresidente de Operaciones, RD$15 millones, tras «concienciar» al presidente de la entidad bancaria de que tenía que «cooperar» con sus fines y propósitos, en virtud de que se estaba desatando una campaña de rumores contra el banco, la cual podía contar con la participación de gente muy clave y encumbrada del gobierno, lo que hacia a la entidad terriblemente vulnerable.

«Cuando se examinan los hechos y circunstancias independientemente de todas las piezas que se irán aportando, no queda otra conclusión posible: BANINTER y sus empresas vinculadas como grupo fueron objeto de una deliberada y perfecta demolición de parte de la Autoridad Monetaria y Financiera, acompañada de exponentes de la actividad política del más alto rango del poder, todo dentro de un concierto criminoso que abolía la voluntad del presidente del banco y le llevaba a un estado de indefensión, tal que tenía la necesidad y la obligación de ceder en todo, porque moralmente había sido constreñido bajo la amenaza terrible de todo cuando finalmente terminó de pasarle», indica la instancia depositada en el tribunal.

Los abogados agregaron que además de los acusados, hubo otras manifestaciones «no menos odiosa» de ese tipo de práctica de parte de otras personas como el asesor económico del gobierno Andy Dahuajre, quien a sabiendas de las dificultades terribles en que el banco estaba siendo colocado como consecuencia de la trama de rumores desestabilizadores y de los subsecuentes retiros masivos, propuso y obtuvo que se le hicieran donaciones por US$350,000 a la Fundación Economía y Desarrollo, la cual preside.

«Es escalofriante enterarse de los pormenores de aquellas operaciones criminosas para arrancar fondos y recursos de ese banco herido de muerte por la propia maldad gubernamental y todos aquellos que participaron desde posiciones de poder en prácticas de esa naturaleza, tendrán que pagar el precio penal correspondiente», indica la instancia.