Con una decisión que le identifica con el sentir de importantes sectores de la sociedad, el  Gobierno ha revocado su decisión de reconocer como propietarias legítimas de áreas de Bahía de las Águilas a personas que poseen títulos de propiedad de dudosa autenticidad. Esta decisión se produce después de que el Presidente Danilo Medina agotara consultas con directores de medios de comunicación y otras personalidades que le han aportado datos y documentos sobre la situación jurídica de la posesión de los terrenos ubicados en un lugar paradisíaco de Pedernales. La decisión revocada se produjo a pesar de un litigio judicial con el cual se cuestiona la legalidad de muchos de los títulos.

 Lo que procede ahora es que las instancias judiciales que tienen a su cargo la ventilación del litigio sobre los terrenos de Bahía de las Águilas concluya su trabajo y emita, sobre la base de comprobaciones idóneas, un fallo definitivo que esclarezca las circunstancias de la tenencia de cada porción de esos terrenos. A partir de ahí sería factible que el Gobierno haga las transacciones que resulten pertinentes para poner en marcha los planes de explotación de la zona con fines turísticos. Uno de los méritos de la revocación es que el Gobierno puso el oído en el corazón de los sectores que han salido en defensa del patrimonio estatal enajenado en base a artes penadas por la ley. Ahora, que la Justicia haga lo que le corresponde.

Llamado más que oportuno

El papel principal del Gobierno de un país es proteger al ciudadano y administrar  el patrimonio del Estado de tal manera que no pueda ser enajenado bajo ningún concepto o modalidad. Y en ese patrimonio, los recursos naturales merecen un cuidado especial, en virtud de su relación muy estrecha con la vida. La explotación o manejo de los recursos naturales tiene que ser amigable con la vida de las especies, con la estabilidad del ambiente en que vivimos.

 De manera muy oportuna, la Conferencia del Episcopado Dominicano ha emitido una  carta pastoral, en la que, entre otros temas, llama a los tres poderes del Estado a defender  el patrimonio nacional, especialmente los recursos naturales, frente a inversionistas extranjeros o locales. El llamado se hace a propósito de conmemorarse el 26 de este mes el bicentenario de Juan Pablo Duarte, el más firme defensor de nuestro patrimonio como país.