Pretender, que después de veinte años de duro batallar, la controversia litigiosa causada por la ocupación ilegal de los aproximados trescientos sesenta y dos millones de metros cuadrados en Bahía de las Águilas, pueda ser simplemente exonerada por el acto simbólico del procurador general de la República, hacer entrega del título catastral al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, es una escena teatral digna de un circo pueblerino.
Bahía de las Águilas se encuentra ubicada dentro de la parcela 215-A del D. C. No. 3 y pertenece administrativamente a la provincia de Pedernales, una de las más pobres del país. Ésta tuvo que soportar estoicamente, debido a eufemismos y triquiñuelas legales, el retraso de su progreso por un lapso mayor de cuatro lustros.
¿Cuál fue el inicio del tranque para su desarrollo? El problema se inició en el año de 1992, cuando un funcionario del Instituto Agrario Dominicano (IAD), a sabiendas de que esos terrenos estatales eran de vocación turística, empezó a repartirlos como si se tratase de asentamientos para parceleros de la Reforma Agraria. Su nombre: Jaime Rodríguez Guzmán, personaje tenebroso, incoherente y mal intencionado, que en connivencia con su esposa y hermano, asignaron a unos pocos campesinos pequeñas parcelas, reservando el grueso de los terrenos, sobre todo aquellos comprendidos en el área de la esplendorosa playa, para sus adláteres y correligionarios del Partido Reformista. Los lotes restantes fueron adjudicados mediante pago; y que conste, “no por servicios ambientales”.
Desde sus inicios, los tenedores de las parcelas estaban conscientes de la trapisonda utilizada por los encargados de parcelar los lotes asignados. Sin embargo, la fiesta de repartos continuó en el año 1995, cuando el Tribunal de Tierras de la Jurisdicción de Barahona, entregó en connivencia con algunos funcionarios gubernamentales, títulos irregulares de propiedad a particulares, que después de alrededor de 53 sentencias y veinte años de audiencias, fueron anulados y volvieron a ser propiedad del Estado Dominicano.
Sin lugar a dudas, estos transgresores que postergaron por veinte luengos años el desarrollo turístico de esta paupérrima zona del país, deben pagar las consecuencias y el Estado Dominicano debe querellarse formalmente, por el lucro cesante dejado de recaudar, si desde sus inicios esos terrenos hubiesen sido vendidos a empresas nacionales o internacionales, que se dedican a promover turismo, mediante la edificación de resorts, apartamentos, restaurantes, marinas y deportes acuáticos.
No soy economista, por lo tanto no puedo cuantificar los millones de dólares, que no solo el Estado ha dejado de percibir, sino también los habitantes de las provincias de Pedernales, Bahoruco, Independencia, Barahona y zonas aledañas, quienes se hubiesen favorecido con los recursos generados por empresas constructoras, tours operadores, ingenieros, abogados, taxistas y otras profesiones colaterales.
De su parte, el desusado aeropuerto internacional ubicado en la ciudad de Barahona denominado María Montez, cobraría vida y recibiría, tal como los otros turísticos, vuelos desde Europa, Estados Unidos, Canadá y de los diferentes países latinoamericanos y del Caribe.
Los habitantes de la provincia de Pedernales y de la región del Sur profundo, deben expresarle un profundo y eterno agradecimiento a la valiente doctora Carmen Josefina “Picky” Lora, desgraciadamente partida a destiempo y a su hija Laura Acosta Lora, que continuó los procedimientos judiciales hasta alcanzar la ganancia de causa a favor del Estado. Asimismo, a la jueza Alba Luisa Beard Marcos, la cual en el año 2014, declaró nulos y sin efectos legales, las cartas constancias anotadas, los supuestos deslindes y sobre todo, los certificados de títulos expedidos irregularmente de manera fraudulenta.

El procurador general de la República debería abrir un expediente, con miras a someter a la acción de la justicia con la finalidad de obtener una pírrica y simbólica indemnización, que conlleve la reclusión en las cárceles públicas, de estos vulgares depredadores. De ese modo, se crea un precedente para escarmentar a las futuras generaciones, para que no pretendan volver a repetir hechos como el relatado, los cuales castraron durante dos décadas, el desarrollo integral de una importante demarcación del país.