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POR GERMAN MARTE
El director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Luís Henry Molina, dijo que en la República Dominicana se está hablando de competitividad cuando ni siquiera se ha solucionado el problema de la educación primaria, «donde están los peores profesores».
«Los peores profesores formados en el sistema educativo nacional son los de primero a cuarto grados de la primaria, donde se enseña a los niños a leer y escribir y a sumar», expresó Molina.
Subrayó que estos profesores del nivel básico son los peor pagados y los peor formados, lo cual luego se traduce en que de cada diez niños que entran a la primaria sólo uno termina el bachillerato, y de estos sólo el 20% va a carreras técnicas o a las universidades, de los cuales sólo cuatro terminan su carrera.
«Entonces, de qué competitividad estamos hablando, si no resolvemos los problemas pendientes de la sociedad dominicana», expresó Molina durante el Almuerzo Semanal de los Medios de Comunicación del Grupo Corripio, al que asistió junto a otros miembros de la ENJ.
Molina señaló que la baja calidad de la educación dominicana se refleja en todas las profesiones, y puso como ejemplo a los propios abogados. Precisó que de un total de 700 abogados que postularon para entrar a la ENJ sólo 40 pasaron la prueba.
MODELO PUERTO RICO
A juicio de Luís Henry Molina, en el país se debe restringir el acceso a las escuelas de Derecho.
Dijo que las escuelas de Derecho deberían seguir el ejemplo de la Escuela de Odontología de la UASD, la cual tiene un proceso de selección que funciona bien.
Asimismo, en el país se debería implementar el modelo puertorriqueño en cuanto a la formación de abogados.
Explicó que para una persona ingresar a la escuela de Derecho de Puerto Rico, el interesado debe pasar un examen de nivel, luego un examen estándar para ingresar a una escuela de Derecho, donde dura tres años, y después que se gradúa, el abogado debe pasar un examen que imparte el poder judicial estatal, y luego para poder ejercer como abogado- debe hacer unas prácticas.
«Este modelo es aplicable en el país, pues a pesar de que todo el mundo tiene derecho a estudiar, para ir a defender a una persona ante un tribunal se requiere de una certificación de parte del Estado, de que quien lo hace tiene las capacidad necesaria para hacerlo», manifestó.
Empero, observó que la Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico invierte más de US$2 millones en documentación para sus estudiantes. Y la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico cuenta con 600 estudiantes, mientras que sólo en la Escuela de Derecho de la UASD hay entre doce y 14 mil estudiantes.
El director de la ENJ aseveró que hace falta una política de la «triple elite», un proceso de innovación y desarrollo que involucre al sector privado, al sector público y a las universidades.
Según Molina, los empresarios dominicanos no tienen de parte de las universidades el soporte que les ayude a ser más competitivos, ni piensan en la universidad cuando quieren desarrollar productos competitivos para los mercados, sino que piensen en ir a otro país.
Para superar esta situación, indicó, es preciso mejorar la calidad del profesorado, la infraestructura física de la universidad dominicana.
Junto a Molina participaron en el encuentro del Grupo Corripio los licenciados Gervasio Valenzuela, subdirectora de la Escuela Nacional de la Judicatura; Ney de la Rosa, coordinador de la Comunidad Jurídica, y Nora Rubirosa, coordinadora de Formación y Capacitación.
