La canasta familiar básica tuvo un costo promedio de RD$23,042.65 en el mes de diciembre, antecede la inflación de enero y febrero que preocupa profundamente a las familias. Parcialmente importada por el aumento de precio de los combustibles y de los granos, la responsabilidad mayor es del gobierno, generada por los déficits acumulados del presupuesto y del comercio exterior. Diciendo que los aumentos eran cíclicos, las autoridades han querido minimizar el impacto del mayor costo, y revisándolo hacia abajo, con cambios en productos y ponderaciones, concluyen que se ha producido un aumento en el ingreso de las familias. Equivale decir que los pobres y muy pobres, los ubicados en el quintil 1, mejoraron su bienestar en 50 por ciento, porque mensualmente solo necesitan RD$10,407.56 para pagar el costo de los alimentos, prendas de vestir, vivienda, salud, comprar lo que necesitan los hogares y los servicios. 

Todo el mundo sabe que eso no es cierto. Si cambian la cantidad y calidad de los productos de la canasta y sus ponderaciones, no hay que ser genio para saber que los resultados tienen que ser diferentes. Es necesario ser cuidadoso con la comparación de índices, los números no son suficientes para arribar a conclusiones que afecten la categoría social. Se equivocan cuando dicen que los RD$10,407.56 deben servir de base para ajustar el salario mínimo, por pertenecer al quintil 1 es un salario de miseria extrema, que de ninguna manera puede ser referencia para el ajuste de salario. Lo que debe usarse son los RD$23,042.65 que surge de la canasta base (1997/98), que  no incluye ponderación por celulares, yipetas y sus efectos sobre el precio de las gasolinas, electricidad con tarifas como las actuales, entre otros productos que los pobres no demandan.

Pero si insisten en usar los resultados para los salarios, con urgencia deben revisar otras variables de la economía, por ejemplo, la producción  real y el crecimiento de 2008, 2009 y 2010. De hacerlo, los resultados de la revisión reducirían la poca credibilidad que le queda al gobierno, porque al dividir el PIB nominal de los mencionados años, por el nuevo el índice de precios de consumo, que surge al dividir a su vez el costo de la nueva canasta (2008, 2009 y 2010) por el costo de la canasta base 2007, el crecimiento sería muy diferente a 5.3, 3.5 y 7.5 por ciento, proclamado por el gobierno para 2008, 2009 y 2010, respectivamente. Si quieren llamarlo deflactor implícito también serían diferentes.

Los cambios serían terribles para la confianza en los cálculos y objetivos anuales de producción, inflación y desempleo. Por eso preocupa que para controlar el aumento del salario, las autoridades acudan al costo de una canasta de productos que han revisado hacia abajo con estructura y ponderaciones nuevas, que en vano traten de santiguarlo mencionando la Cepal. Tradicionalmente las autoridades monetarias han atacado la inflación con política ortodoxa, como la retórica de que “seguimos estrictamente los objetivos de los agregados monetarios”, cuando tienen que reducir el crecimiento del circulante. Es la política que deben seguir y nada más.