En el mercado eléctrico hay debilidades operativas y administrativas que resultan insostenibles y que deben ser resueltas sin dilación. Según cifras aportadas por ejecutivos de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), de la energía comprada por las distribuidoras se pierde un 33%, distribuido en 20% por no facturación, y por ende no cobrada, y un 13 % por pérdidas propiamente técnicas. Esta situación desnaturaliza los fines del subsidio que aporta el Gobierno, que el año pasado ascendió a US$1,200 millones.

Las autoridades han puesto en marcha cambios en la matriz energética para reducir costos, pero este esfuerzo sería un desperdicio si persisten los márgenes de pérdidas por concepto de energía no facturada ni cobrada por las distribuidoras. En las circunstancias actuales, una proporción importante del subsidio lo que hace es cubrir costos por ineficiencia, y en menor proporción la estabilidad de la tarifa.

La principal aspiración en la negociación del pacto eléctrico es atacar las pérdidas financieras por no facturación y cobro, y mejorar los medios de disminución del robo de energía. En sus circunstancias actuales, en vez de dar bríos a los motores que impulsan la economía nacional, el mercado eléctrico opera como un lastre bastante pesado, con sus insostenibles pérdidas financieras y distorsiones en el destino del subsidio.

MEDIDAS DE AJUSTE CAMBIARIO

Las autoridades han actuado oportunamente para frenar la tendencia alcista de la tasa de cambio del dólar y debilitamiento del peso dominicano. La carrera alcista de la divisa estadounidense era un contrasentido en momentos en que la caída de los precios petroleros y de algunas materias primas hacía disminuir la demanda de dólares en el mercado local, y en circunstancias de repunte de la inversión extranjera.

La estabilidad en el mercado de divisas es un factor vital para la estabilidad general de la economía.

Sin embargo, es oportuno llamar la atención sobre la necesidad de procurar moderar los posibles efectos del aumento del encaje legal de la banca comercial, pues se anticipa que esta disposición induciría alzas en la tasa de interés activa y encarecería el costo del dinero.