Si este país fuese a ser calificado en base a la capacidad de sus líderes para ponerse de acuerdo en el diseño de un presupuesto de ingresos realista, una distribución de asignaciones consecuente con las necesidades nacionales y una visión austera en la ejecución del gasto, probablemente no superaríamos la prueba.

Hemos sido repitentes incorregibles en la asignatura de respetar las prioridades del Estado y, en consecuencia, adoptar decisiones correctas sin pensar que la causa más justa y válida es la propia y no la de la del país como tal.

Generalmente las partes han sido rígidas en sus posiciones y cuando ha debido ejercerse la razón no se ha puesto en práctica una administración consecuente de la flexibilidad en materias tan complejas como el establecimiento de una relación veraz entre los ingresos y los gastos.

Por esto último, los ayuntamientos insisten en demandar la asignación de un 10% de las recaudaciones fiscales en base a lo que dispone la ley 166-03, y lo hacen en momentos en que el Gobierno trata de encontrar los medios para cubrir el déficit de aproximadamente siete mil millones de pesos resultante de los cambios hechos a la reforma fiscal.

La amenaza de una huelga municipal para presionar la satisfacción de esta demanda no parece corresponderse con la situación fiscal del país.

-II-

La demanda de los ayuntamientos, que es justa desde el punto de vista jurídico, porque una ley ordena que se les entregue un 10% de las recaudaciones, es extemporánea y, por tanto, merma  legitimidad al reclamo.

No parece que haya voluntad de que las partes flexibilicen sus posiciones y para el Poder Ejecutivo parece asunto de conveniencia desenvolverse con el presupuesto del presente año y tener por lo menos la opción de no privarse de ingresos arancelarios hasta mediados del 2006, cuando entremos en la parte activa del DR-CAFTA.

Por otra parte, la supresión de asignaciones a unas 900 organizaciones no gubernamentales, entre las cuales hay muchas patrocinadas por legisladores, le representará al Gobierno un ahorro considerable de dinero.

Hay quienes quieren ver en ese recorte una retaliación o desquite por los cambios hechos a la reforma fiscal. Otros ven un ejercicio legítimo, basado en que el Gobierno necesita superar el déficit por la modificación de la reforma.

Una condición ideal, empírica y quizás utópica, pero posible si las voluntades se enfilaran en una dirección consecuente con las necesidades del país, permitiría concebir un presupuesto realista mediante el cual podrían ser atendidas debidamente las necesidades nacionales.

Pero hay asintonía en las voluntades y, por lo tanto, las calificaciones obtenidas nos «queman» la materia.