La Defensoría Pública, que significó una de las conquistas de la segunda ola de la reformas del Poder Judicial y que ofrece servicio gratuito a los imputados de crímenes y de delitos penales, podría perder hasta 40 miembros este mes, todos aspirantes a convertirse en jueces de paz y   a emigrar de la función, descontentos por los salarios.

Un grupo planea dejar la Oficina Nacional de la Defensoría Pública (ONDP)  para  ejercer el derecho de manera independiente, al igual que han hecho jueces de distintos tribunales del país, desmotivados por los bajos sueldos. Creen que como jueces tienen más posibilidades de ascenso.  El salario promedio de un defensor público es de 50 mil pesos al mes, pese a que realizan una labor continua, como la de un fiscal, y reciben una formación en la Escuela Nacional de la Judicatura   a la altura de un juez. El defensor es  juramentado como abogado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Los defensores públicos se comparan con los jueces en cuanto a capacidad y formación. Por eso el disgusto los llevaría  a presentar renuncia al concluir el plazo de servicio exigido cuando son juramentados. En declaraciones confidenciales a este diario, las críticas de defensores públicos empiezan por cuestionar que la directora de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Laura Hernández Román, perciba un salario de RD$175,000 al mes (hecho público en su declaración jurada), superior al de un juez presidente de Corte de Apelación, que es de 150,400 pesos mensual, y al de un presidente de Tribunal de Primera Instancia, que oscila entre los 93,000 y los 112 mil pesos por mes.