La noticia de la muerte del presidente Antonio Guzmán Fernández circuló rápidamente la medianoche del cuatro de julio de 1982. Las calles lucían desiertas.

En compañía de Ercilio Veloz Burgos, diputado recién electo por el Partido Reformista Social Cristiano, y quien me dio la información de la infausta desgracia, marchamos rumbo a la residencia del doctor Joaquín Balaguer, a fin de percatarnos de primera mano y recibir las instrucciones políticas sobre los trágicos acontecimientos que se estaban produciendo.

Allí fuerzas retardatarias, civiles y militares, la mayoría de estos últimos puestos en retiro, pero con influencias en los institutos castrenses, hablaban de golpe de Estado, de desconocimiento institucional, y hasta se repartían geográficamente las regiones de la nación, aprovechando el vacío por el inesperado automagnicidio del presidente Guzmán, a menos de dos meses de la juramentación del doctor Salvador Jorge Blanco como primer mandatario de la República.

Como se sabe, el Partido Reformista había perdido las elecciones presidenciales del 1982 y existían sectores que se resistían a seguir fuera del poder.

Para perpetrar la ignominiosa acción de desconocer el orden constitucional, los desquiciados conspiradores sólo esperaban la autorización del líder el doctor Joaquín Balaguer, que afortunadamente no llegó.

Cuando la tensión esa noche o madrugada del cuatro de julio del 1982 llegaba a su grado máximo, el doctor Joaquín Balaguer se llenó de gloria: a través de Pérez Bello y Rafael Bello Andino anunció su asistencia a los funerales de don Antonio Guzmán en el Palacio Nacional y ordenó a sus seguidores respetar la institucionalidad democrática.

Con esa civilista y patriótica decisión el doctor Balaguer desbarató la trama que se urdía en la explanada frontal de su residencia, la cual era hija de la ambición y la falta de fe en los valores democráticos.