Si algo ha quedado claro en el primer año de aplicación del Código Procesal Penal es la urgente necesidad de mejorar las capacidades y habilidades de cada una de las instancias que le sirven de soporte. Desde luego, esta necesidad innegable en modo alguno nubla los brillos debidos a la aplicación de este Código, que, entre otras cosas, ha permitido reducir considerablemente los tiempos dedicados a cada fase de la administración de justicia.

Como instrumento bien logrado que es, el Código Procesal Penal requiere personal adiestrado y disponibilidad de recursos que garanticen el logro de las metas. Su principal soporte debe ser la oportunidad y legitimidad de la evidencia, pero al cabo de un año de aplicación hemos podido ver que esta garantía tiene fallas y debilidades que requieren mucha atención.

Una acusación soportada en evidencias contaminadas equivale a un premio de absolución para la parte inculpada, y quizás un estímulo para su carrera criminosa, y esa es una de las debilidades de los soportes del Código.

-II-

Sin que esta percepción signifique en modo alguno una defensa a la conducta de jueces en sentido general, hay que tomar en cuenta que las limitaciones y precariedades con que se efectúan las investigaciones penales se traducen en fallas o insuficiencias que restan méritos a las evidencias y hacen insostenibles la acusación.

Pero también ha habido casos en que la presentación de evidencias contundentes no ha impedido que algunos jueces fallen de manera cuestionable, en beneficio de reos y en perjuicio de agraviados.

La Suprema Corte de Justicia se ha visto precisada a tomar medidas en casos en que jueces han fallado de manera cuestionable, y esto confirma que no siempre las fallas se deben a inconsistencia de las evidencias aportadas por el Ministerio Público.

-III-

Con todos los tropiezos que ha tenido su aplicación, el Código Procesal Penal es el mejor aporte que ha recibido la administración de justicia en los últimos tiempos.

Los principios y conceptos en que está basado eliminan muchas de las distorsiones que se producían en las diversas fases de los procesos penales, como los poderes extraordinarios del juez de la instrucción y las decisiones derivadas de la íntima convicción de un juez, en lugar del peso de las evidencias.

El aspecto medular es que el Código no se vale por sí mismo. Es una pauta para el trabajo que deben realizar todas las instancias de soporte en la administración de Justicia, desde las primeras fases de la investigación de los hechos hasta arribar el punto en que el caso adquiere la calidad de definitivamente juzgado.

Hay que mejorar el desempeño en la aplicación de estas pautas procesales. Eso significa mejorar el recurso humano que debe aplicarlas en las distintas instancias del proceso penal. Mejorar su capacidad y formación, sus recursos de trabajo y, especialmente, sus convicciones en los órdenes profesional y moral.