Deslumbrados, transitamos diecisiete años del siglo 21 en los que República Dominicana logra los niveles más prósperos de su historia, atónitos, a la vez, por la enorme brecha entre ricos y pobres, al seguir la desigualdad social enquistada en la médula de un modelo de desarrollo negador de derechos, de excesiva rigidez distributiva de la riqueza y de la renta, que traba la movilidad social ascendente.
Tiempo de espera de prometidas acciones contundentes que al nacer siglo auguraban una vida digna, generarían empleos productivos, fortalecerían las capacidades cognoscitivas y elevarían la productividad, la generación de valor agregado.
Diecisiete años gobernados por perredeistas (2000-2004) y peledeistas (2004-2017), sin integrarnos a la economía mundial con una plataforma de desarrollo competitiva, manteniendo un consumo desbordado frente a la insuficiente producción industrial y agropecuaria, situación que refuerza la dependencia de las importaciones, contrae la oferta exportable y el flujo de dólares.
Disparidad. Transitamos un período de postergación de apremiantes cambios políticos, económicos y sociales en un modelo que profundiza la desigualdad, también patente en la disparidad del crecimiento entre sectores productivos y de servicios.
Entre los que se hunden y los que nadan en un mar de riquezas, el 20% más rico que se apropia del 55% del Producto Interno Bruto (PIB), cuyo monto subió de US$25 mil millones en 2001 a US$76 mil millones en el 2017, no obstante la crisis bancaria que desestabilizó la economía en 2003-2004.
En medio de opulencia y pobreza discurrieron esos años con una expansión económica amoralmente asimétrica, un crecimiento acumulado del PIB de 87.5%, forzosamente inflado con un desmedido e improductivo endeudamiento, 50% del PIB, para contener sucesivos déficits fiscales enfrentados, asimismo, con ajustes tributarios que agobian a los estratos medios y bajos, que no podrán soportar un nuevo “paquetazo” fiscal.
La insostenibilidad de tal endeudamiento hace imperativo racionalizar el gasto público, elevar su eficiencia y transparencia, erradicar el dispendio y corrupción impune.
Y, a la vez, eliminar el fraude y evasión fiscal, estimada sobre 40% del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (ITBIS), y del Impuesto Sobre la Renta.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) plantea que el modelo de desarrollo de la región se ha vuelto insostenible y que el consenso en torno a la Agenda de 2030 plantea la necesidad de cambiarlo, para avanzar hacia objetivos que apunten hacia una mayor igualdad y protección ambiental.
Nuestro país, uno de los más desiguales de América Latina, no es la excepción. El modelo que lo rige reclama un rediseño, una reorientación de propósitos hacia una más equitativa distribución de la riqueza.
Una readecuación con miras hacia el ahorro y la inversión, minimizados al enseñorearse el gasto improductivo, el consumo conspícuo en un país donde no menos del 60% de la población sigue sin beneficiarse de los frutos del crecimiento económico.
Persiste una estrategia de desarrollo que somete a la gente a ingentes privaciones, en el que el empleo, escaso y mal pagado, sirve de factor de equilibrio, abarata los costos de producción, contribuye a que la economía crezca, pese a sus debilidades, a la falta de competitividad.
Mas, su sostenibilidad se agrieta. Al privilegiarse el consumo frente a la inversión, los excedentes de la economía no se destinaron en la debida proporción a fortalecer y renovar el aparato productivo.
Y no hay posibilidad de desarrollo sin orientar esos recursos hacia la producción, la productividad y la competitividad, que en 2017 bajó 12 puntos en el Índice de Competitividad Global, al ocupar RD la posición 104 entre 137 países.
Pero, además, doce años consecutivos de déficits fiscales, amén del proyectado para 2018, desestabilizan las finanzas públicas, sin posibilidad de seguir entaponándolos con deudas, cuyo ritmo expansivo amerita un freno.
Los acreedores permanecen alertas ante los riesgos internos y externos, por la desaceleración económica en 2017, cuando el PIB creció 4.6%, tasa inferior a años anteriores. Medidas expansivas lo elevaron a 6.7% en enero-abril de 2018.
Aún así, el Fondo Monetario Internacional (FMI) insiste en una reforma tributaria. Pero la maquinaria que impulsa el modelo de desarrollo dominicano, engrasada con deudas, requerirá más que ajustes fiscales, reclama un nuevo rumbo, cambios profundos en el orden político, económico y social.
A juzgar por la ausencia de correctivos, la desigualdad extrema parece inquietar poco al liderazgo político y económico dominicano, obsecadamente renuente al cambio, a ceder un tanto en sus prácticas rentistas de acumulación desmedida de riqueza y poder.

2001- 2004
RD inició el siglo con una tasa cambiaria de RD$37 por un dólar y una deuda pública de US$4-777 millones en 2001, cuando el PIB sumó US$25,261.1 millones. En 2003, bajó a US$20,845.7 millones por la crisis bancaria que generó una devaluación del peso de 200%, cotizándose en 2004 a RD$55 por un dólar, la más alta de nuestra historia económica contemporánea. En 2003 y 2004, la inflación subió a 42.7% y 28.7% respectivamente, con un efecto devastador en el poder adquisitivo de los consumidores

2005-2008
El PIB subió a US$35,911.7 millones en 2005. Pese a la expansión el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indicó ese año que el país se insertó en la economía mundial social y políticamente excluyente, con un crecimiento económico medio anual sobre 5%, superior al de AL. Calificó a RD como “uno de los países que menos aprovecha su riqueza a favor de la gente. Según el “Gain Report: Dominican Republic Guide”, estudio del Gobierno de EU, la estratificación social de RD en 2008 era: clase alta, 6%, media alta, 17%; media 20%; pobre, 47%.
2010-2011

Para 2010 la remuneración real de los trabajadores no se había recuperado tras la crisis 2003-2004. En 2010 eran 22% menos que el 2000. Y, según el Panorama Laboral 2011, de OIT, el salario real retrocedió -0.75%. En 2011, el ingreso per cápita subió a RD$5,218, promedio del que el 10% más rico acaparó US$2,000.

2012-2013
El Estado dominicano se triplica en 2005-2012, alcanzando el 40% del Presupuesto Nacional. La burocracia sobrepasó las 500,000 personas, más las “botellas”, un gasto de baja calidad que incide en el déficit de servicios públicos. En 2013, el Gobierno asigna 4% del PIB a Educación y promulga la Ley de Reforma Fiscal, con la que pretende recaudar RD$45,000 millones para enfrentar el déficit fiscal de RD$187,000 millones, heredado de su predecesor.

2014
En su estudio “Cuando la prosperidad no es compartida: Los vínculos débiles entre crecimiento y la equidad en RD”, el Banco Mundial revela la endémica pobreza y baja movilidad social en RD: menos del 2% de la población escaló a un grupo de más ingresos en una década, frente al 41% regional. El estudio: Justicia fiscal para reducir la desigualdad en AL, de Oxfam Internacional, denuncia la gran inequidad en RD. El Informe de Desarrollo Humano del PNUD demuestra el retroceso de la clase media dominicana.

2015-2017
Con la expansión en 2015, 7%, el PIB acumuló un crecimiento de 61.9%, que junto al de 2016 y 2017, sumó 87.5%. RD ocupó en 2016 el lugar 120 entre 170 países en el Índice de Percepción de la Corrupción. De US$1,689 millones a inicios de siglo, las remesas de dominicanos en el exterior sumaron más de US$500 millones en 2017, cuando la tasa de cambio sobrepasó los RD$49 por dólar.