Especial para HOY

República Dominicana presenta diferentes niveles de desarrollo en sus treinta y una provincias y el Distrito Nacional. Las desigualdades sociales, culturales y económicas son bastante marcadas entre unas provincias y otras; en especial, entre las demarcaciones de la zona fronteriza y el resto del país.

Históricamente esas provincias se han caracterizado por ser las más pobres y marginadas de toda la nación, lo cual es un reflejo de la ausencia de políticas públicas encaminadas al desarrollo de esa importante región.

La magnitud de la pobreza de los ciudadanos de la frontera se puede percibir con facilidad al analizar las características de sus hogares y viviendas, muchos de los cuales presentan profundas particularidades de sub-desarrollo y condiciones de indigencia que contrastan con la modernidad imperante en pleno siglo XXI.

Características de los hogares y viviendas de la zona fronteriza

El Congreso Nacional, consciente de esa realidad, promulgó la Ley núm. 28-01, que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo abarcando las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco. Dicha ordenanza exonera del pago de varios impuestos durante un período de veinte años a las empresas que se instalen en esas provincias.

Resultados de la Ley núm. 28-01

Según los datos del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF), para agosto de 2014 había 95 empresas activas bajo el amparo de esta norma, distribuidas en las siete provincias y se habían creado 9,774 empleos directos, con una inversión de $14,913 millones de pesos dominicanos.

Distribución geográfica de las empresas

La distribución de esos negocios presenta una gran diferencia entre las provincias. Montecristi es la demarcación que tiene mayor cantidad de empresas amparadas por la Ley núm. 28-01, con 51. Una de las principales razones que explica esa situación es el fácil acceso al puerto de Manzanillo, lo que sirve de atractivo para que empresas con vocación exportadora se instalen en su territorio. Elías Piña es la que tiene menos empresas beneficiadas: apenas dos.

Cantidad de empresas instaladas en la fronterabajo el amparo de la Ley núm. 28-01. Empleos generados

El 74 % de los 9,774 empleos directos creados por estas empresas es ocupado por dominicanos, mientras que el 26% corresponde a mano de obra extranjera.

La distribución de estos puestos de trabajo presenta también una marcada desigualdad.

Como cabría esperar, Montecristi es la provincia más beneficiada, pues acapara el 43.3 % de los empleos directos creados, mientras que Independencia, con solo 2.1 %, es la demarcación que registra menos empleos.

En cuanto a la población ocupada (PO), en términos generales, las empresas que se benefician de la Ley núm. 28-01 solo están empleando a ocho de cada cien habitantes de los que tienen trabajo en la zona fronteriza.

Inversión realizada

La inversión realizada durante los 14 años de vigencia de la ley asciende $14,913 millones de pesos y ha sido muy dispareja entre unas provincias y otras. Las provincias que han recibido mayor inversión son Santiago Rodríguez (29.3 %), Montecristi (29.2 %) y Pedernales (28.2 %). Las demarcaciones que menos inversión han recibido son Elías Piña (2.5 %), Independencia (2.7 %) y Bahoruco (3 %).

Diferencias regionales

Los datos ofrecidos por el CCDF muestran una marcada diferencia de avance económico entre las regiones Norte y Sur de la frontera, inclinando la balanza de manera significativa hacia las provincias del norte, donde se ha instalado el 86 % de las empresas. Esta zona fronteriza también registra los mayores valores en empleo (69 %) y en porcentaje de inversión (64 %).

La zona sur ha quedado muy rezagada y sus cifras están muy por debajo de las del norte, muy particularmente la cantidad de empresas allí instaladas: apenas el 14 %

Gasto tributario en la Ley núm. 28-01

El beneficio que han recibido las provincias de la zona fronteriza con la implementación de la Ley núm. 28-01, ha representado un gasto para el país, el cual es medido a través de la participación de las exenciones a la Ley de Desarrollo Fronterizo en las estimaciones del gasto tributario (GT) de la nación.

Según datos de la DGII, la implementación de la ley en estudio le ha costado al país 12,432.17 millones de pesos entre 2009 y 2015, el 1.6 % del gasto tributario total para ese período y el 0.09 % del PIB.

Conclusiones

Resulta evidente que uno de los principales problemas de la frontera es el olvido. Tras 14 años de existencia, la Ley núm. 28-01, de Desarrollo Fronterizo, ha servido de impulso para dinamizar la economía de las provincias fronterizas y darles mayor presencia, pero no a los niveles esperados. Las marcadas brechas de aprovechamiento entre las partes norte y sur de la frontera es un indicador que refleja la necesidad de crear mecanismos e incentivos que puedan distribuir con mayor equidad la inversión en todas las provincias.

Los incentivos deben ser sectorizados tomando en cuenta la actividad económica y las características de cada provincia, de forma que los potenciales mercados de cada zona se puedan identificar y explotar.

Pero no es solo la adecuación de los incentivos lo que limita el despegue de estas provincias, sino también la carencia de servicios básicos.

En el objetivo de desarrollar la frontera, el Gobierno no debe delegar en el sector empresarial el rol protagónico que le corresponde, sino que debe actuar más como jugador y no como árbitro, lo cual implica dejar atrás las concepciones neoliberales y poner en práctica la política intervencionista keynesiana, enfocada en alentar el gasto público destinado a educación, salud e infraestructura. Esto redundaría en la provisión de los bienes públicos necesarios para hacer mucho más atractiva la zona fronteriza para la inversión y aliviaría grandemente la marginalidad de estas poblaciones.

El desarrollo fronterizo necesita un consenso entre el sector privado y el Gobierno, de forma que pueda implementarse un adecuado programa de desarrollo sostenible, con respaldo de todas las áreas productivas de la nación. La ausencia del mismo limita la explotación y el provecho de la diversidad y abundancia de recursos que tiene dicha zona, lo que provoca éxodos masivos, que impulsan la despoblación, intensifican la pobreza y aumentan los riesgos de que la desolación de una zona de tanta trascendencia pudiera engendrar para todo el pueblo dominicano.

VER TRABAJO COMPLETO EN WWW.OPD.ORG.DO

GREIDYS ROA CHALAS. COLABORADOR DE LA UNIDAD DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL OBSERVATORIO POLÍTICO DOMINICANO (OPD-FUNGLODE).