Balance de un paro

No había la necesidad -nunca la hay- de quitarle la vida a unos siete hijos de este pueblo, la mayoría de los cuales estaban ajenos a la protesta nacional más cívica y organizada que se recuerde en los últimos años.

El pueblo habló. Y habló claro. Ahora hay que sacar conclusiones. El gobierno, principal cuestionado con el masivo respaldo popular a la paralización por 24 horas, debe escuchar la voz de las mayorías y aplicar los correctivos pertinentes a fin de mejorar las condiciones de vida de la población.

Los organismos oficiales, unidos a los defensores de los derechos humanos, deben formar -como se estila en otras naciones- una Comisión de la Verdad que investigue y establezca responsabilidades en la matanza de unos siete dominicanos -jóvenes en su mayoría- que no debe quedar impune.

Para sofocar protestas no se deben utilizar armas de guerra, ni cortas ni largas. En países civilizados, donde se respeta la vida humana, se utilizaban balas de gomas y chorros de agua como forma de hacerle frente a disturbios masivos. Aquí, vimos en los medios, agentes con pistolas y armas de todo calibre, disparando a los grupos de manifestantes.

Si a alguien le cabía duda de la percepción popular ante los apagones, el alto costo de la vida, la carestía de alimentos, servicios y medicamentos, el descontrol de la prima del dólar y la miseria que vivimos, el pueblo, con su actitud de pacífico respaldo al paro, se ha encargado de enmendarle la plana.

No hubo ingrediente partidista en la jornada. A sus organizadores, hay que reconocerles que al son de la crisis, la nación escuchó y respondió a la convocatoria. Es que, este año, el deterioro de los niveles de vida de todos, ha sido, sencillamente, inaguantable.

Quiero insistir en que no pueden quedar sin sanción ejemplar los asesinatos a mansalva de humildes jóvenes del pueblo, muchos de los cuales no participaban en las protestas. Además, si se hace sin poner en peligro la integridad física de los agentes del orden, todo el mundo tiene derecho a protestar y aquí no hay pena de muerte establecida.

Matar por el simple gusto de matar, es inhumano y cruel. Así de claro. Condenamos el vandalismo, el pillaje, la violencia, los desmanes, la alteración al orden público, pero hay mecanismos de control entre los cuales no se encuentran el recurso extremo de privar a nadie del don único y divino de la vida.

Ahí están los resultados del paro general. Los grandes, medianos y pequeños empresarios y comerciantes, le dieron su apoyo. Cerraron sus puertas y enviaron a sus casas a los empleados. Ahí está la población, que se abstuvo de salir a las calles. Y ahí está, lamentablemente, el balance de al menos nueve vidas perdidas, cientos de heridos y miles de detenidos.

Todos, organizadores del paro, el gobierno, la población, el empresariado, los medios de comunicación y los partidos, debemos sacar las mejores conclusiones para enderezar el rumbo, sancionar los responsables de las muertes y trabajar unidos por un país mejor. Es cuanto.