Hoy se cumple el tercer año de una gestión pública que entra en su tramo final. Con la Presidencia del licenciado Danilo Medina el país ha vivido un cambio de estilo con el favorable aporte de una atención mayor a la Educación y una elevada aprobación ciudadana a su imagen de sencillez, humildad y disposición a atender reclamos de comunidades a las que cada fin de semana llega de sorpresa con opciones puntuales y de efecto limitado territorialmente.

Más allá del saldo favorable en múltiples y dispersos microescenarios rurales y en el sector educativo, en la República Dominicana, lamentablemente, tiene que hablarse todavía de atrasos en metas para el desarrollo económico y social y la seguridad de las familias y los negocios. No se percibe que estén siendo enfrentadas en forma contundente las causas profundas de la delincuencia ni que resulten suficientes los métodos para combatirla sobre el terreno. Preocupa también que el Estado no haya logrado a plenitud incentivar la creación de empleos de calidad ni avances en reducir la brecha entre ricos y pobres. El crecimiento es excluyente.

Preocupa también la dramática subordinación al endeudamiento interno y externo y que hasta para simples ejecutorias haya que tomar prestado, lo que lleva a pensar que algunos logros oficiales tienen un costo excesivo en pago de intereses y capital al incurrirse en esfuerzos superiores a las posibilidades reales del Estado tras el desastroso exceso de gastos del período anterior. Algunos otros desequilibrios deben tomarse en cuenta: Se construyen hospitales mayores y bien equipados, mientras la atención a la salud depende de centros públicos deficientes y en pobreza de recursos que por vía presupuestal deberían ir a la función sanitaria. Y en el sector agropecuario un déficit de infraestructuras claves que ha persistido se manifiesta en una gran vulnerabilidad a las sequías, mientras el productor vive sometido a insumos y financiamientos de elevados costos que reducen la competitividad.

Agréguese la inequidad del régimen tributario, a ser resuelta por un pacto fiscal que libre a los débiles de la mayor carga en impuestos y estimule la inversión hacia renglones más convenientes de la economía. En lo político, el país está riesgosamente desbalanceado, con una oposición debilitada por los sectarismos en el umbral de un proceso electoral en el que el dinero y las ventajas del poder serían más determinantes que el debate sobre planes de Gobierno y méritos de los aspirantes.