Hoy 
Otro niño ha sido puesto al borde de la muerte por causa de la irresponsabilidad de un gatillo alegre.
Esta vez es Deivi Rojas Martínez, de nueve años, quien está gravemente herido en la cabeza por un proyectil.
La repetición de esta pesadilla nos obliga a preguntar si realmente estamos haciendo lo necesario para enfrentar el problema.
Vistas las cosas a la ligera, sería válido afirmar que es muy difícil identificar el arma específica que disparó la bala.
Las dificultades en este sentido se extreman cuando se trata de algún arma no registrada o clandestina.
En un país como el nuestro, con tantas armas legales e ilegales en manos de la población, la investigación se hace difícil.
Las registros indican que las investigaciones relacionadas con balas perdidas por lo general arrojan pobres resultados.
II
Uno de las limitaciones que parecen tener los investigadores es el acceso al registro previo de las «huellas» de las armas legales.
Cada arma deja en el proyectil marcas muy particulares, que se producen por fricción en el recorrido del estriado del cañón.
Si se dispone de estos registros previos, sería posible establecer cuál arma debidamente legalizada disparó un proyectil determinado.
Pero, según parece, aquí las «huellas» de un arma solo son registradas cuando se sospecha que la misma fue usada para dañar.
Es decir, durante una investigación estas huellas son tomadas para la comprobación de la posible procedencia de una bala.
En el caso de un arma no registrada, habría que localizarla y comparar las marcas del proyectil causante de la herida o muerte con otra bala disparada con la misma arma.
Realmente, establecer la procedencia de las balas perdidas parece un gran desafío para nuestras autoridades.
III
De todo esto nace la pregunta acerca de si estamos haciendo lo necesario para enfrentar el problema de las balas perdidas.
Hay que plantearse seriamente la necesidad de registrar todos los parámetros balísticos y huellas de las armas que ingresen legalmente al país.
Es necesario establecer castigo severo para las personas que hagan disparos injustificables con sus armas legales. La reincidencia en esta práctica debería implicar la cancelación del permiso y la incautación del arma, además del castigo contemplado inicialmente.
Se debería estimular que las personas puedan denunciar, bajo protección de identidad, a aquellas personas que hagan disparos.
Nos parece que se debe emprender una labor de inteligencia que permita detectar el mayor número posible de armas ilegales, y que se castigue a sus portadores.
Estamos pidiendo que se haga lo necesario y prudente para tratar de desestimular el uso irresponsable de las armas, porque no es posible que la cultura de las balas perdidas nos siga arrebatando vidas inocentes.
