El abogado del exconsejero Francisco Arias Valera, arremetió ayer contra Participación Ciudadana (PC), por su presunta indiscreción y por supuestamente distorsionar lo que le reveló la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré, en relación a la presunta devolución de RD$350,000 que habría recibido de su cliente como adelanto por haber otorgado la libertad al regidor de Pedro Brand.

Carlos Balcácer, y Tomás Castro, éste último abogado de Reyes Beltré, solicitaron por separado al procurador general Francisco Domínguez Brito, ordenar una experticia caligráfica al original del documento de marras, a los fines de determinar si las firmas estampadas en el mismo son o no compatibles con los rasgos caligráficos de los dos imputados de prevaricación.

Álvarez manipula. Balcácer dijo que no es cierto que la magistrada Reyes le reveló al excoordinador de PC, Francisco Álvarez, que ella firmó con su nombre el recibo de devolución del dinero.

“Todo lo que dijo Francisco Alvarez es totalmente mentira, él es un mentiroso; debe darle vergüenza que esté cobrando en dólares y no en pesos, para hablar mentira de una dama que confió parte de su discreción a él”, expresó Balcácer en rueda de prensa, acompañado de Castro.

A la pregunta de cuáles razones tendría Alvarez para mentir sobre ese caso, la respuesta de Balcácer fue: “porque él (Alvarez) es enemigo de Mariano Germán (presidente del CPJ); él está manipulando lo que le dijo la jueza”.

Desconfía del Inacif. El exconsejero Arias Valera reniega que la “pericia documentoscópica” para determinar la autenticidad de su firma la realice en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), sino en el Departamento de Criminología de la UASD, dado el descreimiento de la “dependencia y calco de la Procuraduría General de la República”.

Reveló que el Inacif ha vertido peritajes “dudosos, ambiguos, contradictorios y otros que rayan en lo absurdo”, en casos de peritajes de firmas; de pruebas de absorción atómica, de balística y pruebas de drogas, “ lo cual ha culminado con fallos casacionales tanto de la augusta sala como del pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ)”.

Razones Sobran. Arias Valera citó la sentencia número 19, casada por la SCJ el 27 de enero de 2010, referente a la firma de un pagaré.

Dijo que la SCJ descartó el primer informe que rindió el Inacif en 2007, certificando que ni el señor Dinandro Ruiz Valenzuela ni los testigos habían firmado el pagaré; sin embargo le dio validez en una segunda experticia realizada en 2008, en la cual la misma entidad certificó que la firma de Ruiz Valenzuela era auténtica, y la de los testigos, falsa, lo que fue suficiente para incriminar al notario actuante, que afirmó que los testigos habían comparecido a su despacho y firmaron.

Resaltó también la sentencia 78 del 14 de febrero del 2005, en la que la experticia balística hecha por el Inacif en un caso de asesinato, “excluyó al imputado de haber disparado, no obstante su participación en el hecho, en virtud del análisis a los proyectiles extraídos del cadáver”.

ZOOM

Awilda

En su solicitud al procurador para que se le haga la prueba caligráfica que determine si firmó el recibo de los RD$350,000, el abogado de la jueza, Tomás Castro, propone que además del Inacif, en el peritaje participe Mario Alberto Grillo Villa, “persona con sobrada calidad pericial habilitante”, como manda el Código Procesal Penal, en sus artículos 205 y 208.