El Banco Central de la República Dominicana publicó este jueves un comunicado en el que informa a las entidades financieras, empresas, comercios y público en general en el que desautoriza las transacciones de carácter económico en todo el territorio nacional con cualquier moneda virtual, ya que carecen de legalidad porque no cuentan con el aval de las entidades estatales del sector ni están contempladas en las normativas legales establecidas.

En un comunicado el entidad advirtió que las criptomonedas como el Bitcoin, Litecoin, Ethereum, entre otros, no cuentan con el respaldo del Banco Central y por lo tanto no gozan de la protección legal que otorga el marco jurídico de la República Dominicana.

«Del mismo modo no pueden ser considerados como divisas extranjeras bajo el régimen cambiario, puesto que no son emitidos ni se encuentran bajo el control de ningún otro banco central extranjero, razón por la cual no reciben las garantías ni seguridad que ofrece la intermediación cambiaria, ni la libre convertibilidad consagradas en los artículos 28 y 29 de la Ley Monetaria y Financiera», indica el comunicado.

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La advertencia obedece a que recientemente en el país se ha observado un crecimiento de las operaciones de índole financiero y económico en las que se aprecia este tipo de «Dinero» como valor aceptado por las partes.

«Toda persona que adquiera este tipo de activo virtual, sea a modo de inversión o con el interés de usarlo como medio de pago, así como cualquiera que los acepte como forma de pago en transacciones comerciales, lo hará a su solo riesgo, y el Banco Central de la República Dominicana cumple con advertirle que estaría incurriendo en operaciones no contempladas por las regulaciones bancarias vigentes ni en los mecanismos de pago autorizados por la Junta Monetaria«, aclara el Banco.

El Banco Central enfatizó que este tipo de monedas no tienen curso legal en la República Dominicana por lo que su efectividad o su uso como medio de pago en nuestra economía no puede ser garantizada, ni ninguna persona está en la obligación de aceptarlos como forma de pago de bienes o servicios prestados.