El Banco Central y la Superintendencia de Bancos se querellaron contra varios ex ejecutivos del Banco Mercantil, por supuesta estafa calificada, falsedad en escritura auténtica, abuso de confianza y uso para provecho propio y generación de utilidades, por la suma de RD$6,500 millones.

Conforme a la querella, también parte de dichos recursos otorgados como facilidades en adelantos y redescuentos por el Banco Central, para solventar un serio problema de iliquidez que tenía la institución bancaria, fueron empleados por estos “en su provecho personal y para generar facilidades adicionales, obtenidas dolosamente a las anteriormente recibidas por ellos y sus vinculados».

Los ex ejecutivos del Banco Mercantil acusados son Andrés Alejandro Aybar Báez, Evelyn Altagracia Pérez Montandón, Eduardo Jacinto Alejandro de Castro Sánchez, Ramón Aref Henríquez Risk, José Manuel Mateo Contreras y Rafael Maximiliano Moya Hernández.

La querella fue interpuesta por los doctores Ramón Pina Acevedo, Artagnán Pérez Méndez y los licenciados Carlos Salcedo Camacho, José Lorenzo Fermín Mejía y Jorge Luis Polanco, a nombre de ambas entidades del Estado.

En rueda de prensa, ayer, en el salón Las Atarazanas del hotel Quinto Centenario, explicaron que antes de la adquisición de la mayoría de las acciones del Banco Mercantil por parte del Republic Bank Limited de Trinidad y Tobago, el 8 de octubre del 2003 y sobre todo, durante los años 2002 y 2003, esa entidad bancaria experimentaba serios problemas de liquidez, los cuales fueron solventados con facilidades y recursos, en adelantos y redescuentos del Banco Central, ascendentes a RDS6,500,000,000 que fueron otorgados entre otras razones, por el aporte que significa esa asistencia económica para la estabilidad financiera del país.

Dijeron que esos ex ejecutivos bancarios establecieron un proceso en la referida institución, mediante el cual se extraían fondos fuera de los libros del banco, para obtener a su favor y de otros ex ejecutivos de la institución “de manera fraudulenta, una serie de beneficios y facilidades personales adicionales a los que tenían derecho y a los que figuraban en los libros y cuentas que eran presentados a las autoridades encargadas de la supervisión del sistema financiero nacional”.

Asimismo, dijeron que con la creación real en pocos casos y ficticia, los ex ejecutivos señalados generaron una serie de «empresas» que emitían cheques con firmas de personas inexistentes, «beneficiarios ficticios y endosantes y endosos irregulares e inexistentes, con el deliberado propósito de favorecer a sus más altos ejecutivos mediante nóminas fuera de libro y otros beneficios, tales como bonos especiales, compra de vehículos de lujo y otras cosas».

“También, para sustraerse de las regulaciones y normas dictadas por las autoridades monetarias, evadir impuestos y favorecer con préstamos y créditos, en su gran mayoría, sin respaldo o garantía alguna y sin retorno a sus ex principales ejecutivos».

Señalan que las instrucciones relativas a la operación de dichas cuentas se encuentran en un memorándum del 21 de diciembre de 1997 y que cuenta con las firmas del pasado presidente del Banco Mercantil, Aybar Báez y tres ex vicepresidentes del mismo Juan R. Oller, Pérez Montandón, y Juan Reyes M.

En ese memorándum se ordenaba a los dos segundos vicepresidentes, ejecutar las operaciones bajo nombres ficticios, bajo la advertencia expresa de que no entregaran informaciones escritas a los clientes.

De igual manera, disponía que las operaciones en dólares se manejaran a través de la cuenta Valmer, siendo transferidos los beneficios producidos por la misma a las cuentas Prinsa Comercial o Roig Consulting, que se convertían en activos improductivos, “ya que al final de año se usaban para sanear las finanzas del banco y crear beneficios ficticios, que eran empleados para justificar el pago de grandes sumas de dinero por concepto de salarios exagerados, dobles nóminas en pesos y en dólares, bonos y vehículos de lujo para los ex ejecutivos del banco.

Otra empresa con la cual se hacía lo mismo, según los abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, era Prinsa Comercial, de la que alegadamente se emitían cheques a nombre de personas inexistentes y endosaban cheques simultáneamente a nombre de beneficiarios ficticios, con cédulas falsas que no se encontraban en los registros de la Junta Central Electoral.

Agregaron que también fundaron una empresa off-shore constituida en Panamá, realizando sus operaciones principalmente en dólares en los Estados Unidos de América.

«El Banco Mercantil fue administrado por un núcleo de empresas vinculadas entre sí por sus familiares, que a su vez pertenecían al consejo de administración del banco y que estaban emparentados con su anterior principal ejecutivo, que lo era el presidente del mismo, Aybar Báez, con la anuencia del ex presidente del consejo de directores De Castro Sánchez, quien a través de su grupo de empresas se benefició de manera extraordinaria mediante tasas pasivas y activas privilegiadas y muy lejanas a las del mercado, entre otras facilidades irregulares y fraudulentas», explicaron.