El Banco de España favorece una reforma fiscal que reduzca exenciones, deducciones y tipos reducidos, así como poner en marcha «políticas de calado» en el sistema de pensiones.
Según asegura el Informe Anual del Banco de España 2018, existe margen para redefinir la estructura de la cesta de impuestos, «al objeto de hacerla más favorecedora de incrementos del crecimiento potencial».
En este sentido, apunta a un elemento susceptible de reconsideración: «el elevado nivel de beneficios fiscales actual, derivado de la presencia de numerosas exenciones, deducciones y tipos especiales reducidos, que generan pérdidas importantes de recaudación y distorsionan la eficiencia y la equidad del sistema impositivo».
El organismo que dirige Pablo Hernández de Cos aboga por establecer un programa de medio plazo de corrección de los desequilibrios fiscales. Así, considera necesaria una revisión de la composición de los gastos y de los ingresos públicos, en paralelo a la necesaria reducción del endeudamiento público, lo que, asegura, «puede contribuir positivamente al crecimiento económico».
En cuanto al sistema de pensiones, el Banco de España estima que su sostenibilidad requiere «medidas de calado, que, previsiblemente, afectarán tanto a los ingresos como a los gastos». De esta manera, destaca que las tendencias demográficas plantean algunos retos significativos para la sostenibilidad del estado del bienestar.
«En el caso del sistema de pensiones, las reformas de 2011 y de 2013 incluían algunos elementos de ajuste que permitían contrarrestar de manera significativa el efecto del incremento esperado de la tasa de dependencia en el largo plazo. Sin embargo, las últimas medidas en esta materia han suspendido parcialmente la aplicación de estos mecanismos», con el retraso de la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023 y con la vuelta a un sistema de revalorización anual de las pensiones en línea con el IPC. El organismo calcula que mantener la vinculación de las pensiones y el IPC supondría un aumento adicional del gasto superior a 3 puntos porcentuales del PIB en 2050, , más de 36.000 millones de euros. Por ello, asegura que para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, hacen falta «medidas adicionales por lado tanto de los ingresos como de los gastos.
Crear consensos
Además, ve necesario «construir consensos amplios, sin demoras injustificadas, acerca de estas medidas que son necesarias para que nuestro sistema de pensiones preserve la sostenibilidad intertemporal y la equidad entre las distintas generaciones». Asimismo, recomienda revisar el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA).