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El presidente del Banco del Progreso, Juan Vicini Lluberes, reiteró la voluntad del grupo financiero de llevar la querella contra el ex banquero Pedro Castillo “hasta las últimas consecuencias”.
Vicini Lluberes afirmó que los abogados del Grupo Progreso “están listos para ir a juicio con todas las evidencias recolectadas en el tiempo transcurrido y sólo aguardan por la terminación de las investigaciones que están a cargo del Ministerio Público”.
Dijo que el grupo que preside ha colaborado en todo lo que han solicitado las autoridades judiciales y recordó que “todo el personal del Grupo que ha sido requerido, incluyendo los directores, han acudido sin dilación, al tiempo que han facilitado toda la documentación requerida con relación al caso”.
Esta fue la reacción del presidente del Grupo Progreso a propósito de la recusación hecha contra el fiscal del Distrito Nacional, doctor José Manuel Hernández Peguero y tres de sus ayudantes, por los abogados de Castillo.
“El Grupo que represento llegará hasta las últimas consecuencias hasta que se establezcan responsabilidades contra el banquero Castillo, acusado de la comisión de un fraude superior a los 14,000 millones de pesos”, reiteró Vicini Lluberes.
Por su lado, el fiscal del Distrito Nacional, Hernández Peguero, solicitó a la magistrada coordinadora de los jueces de instrucción que extienda en dos meses el plazo de que dispone el Ministerio Público para
presentar acusación contra el señor Castillo en relación a la querella que fuera presentada contra éste por el Grupo del Progreso y los miembros de su consejo de directores.
De acuerdo con la solicitud, la Fiscalía ha solicitado, desde mediados de diciembre, a la Superintendencia de Bancos, la certificación de documentos relacionados con cargos efectuados a determinadas cuentas, pero que aún no le han sido remitidas.
Asimismo, que igualmente han solicitado vía Cancillería, a través de los consulados dominicanos en varios países, y que se encuentran aguardando el envío de documentación corporativa de compañías extranjeras incorporadas por Castillo.
Esta solicitud será remitida ahora al juez del Primer Juzgado de la Instrucción, Román Hiciano Berroa, quien conoció e impuso medidas de coerción contra Castillo, el 15 de agosto de 2006.
El procedimiento exige que esta solicitud sea comunicada para opinión al imputado, luego de lo cual se decide la misma.
El nuevo Código Procesal Penal establece al Ministerio Público un plazo de seis meses para concluir la investigación a partir de la fecha de la decisión que impone medidas de coerción, y en el caso concreto de Castillo, este plazo venció este jueves 15.
La querella fue radicada por el Grupo Progreso a principios de febrero del 2006, por lo que ya tiene más de un año.
Si el juez no otorga la prórroga, debe intimar al Ministerio Público a presentar la acusación en un plazo no mayor de diez días, y de no hacerlo, el juez está obligado a declarar extinguida la acción penal.
Los procuradores fiscales adjuntos encargados de este caso son los doctores José Polanco Ureña, Luis González y Adrilya Vales Dalmasí, quienes junto con el fiscal del Distrito Nacional, Hernández Peguero, y todo el staff de fiscales de la jurisdicción, fueron recusados a principios de semana por Castillo, requiriendo éste último
que se abstuvieran de realizar cualquier actividad relacionada con el caso.
