POR TANIA HIDALGO
El Banco del Progreso y todos sus accionistas se han querellado por ante el fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, contra el  ex presidente del Consejo Directivo de esa entidad bancaria, aduciendo que durante su ejercicio en el cargo se malversaron 13 mil millones de pesos en esas empresas.

Dice el documento, que de 1998 a 2005, se sustrajeron de las cuentas bancarias abiertas por el Banco Dominicano del Progreso, Banco Múltiple y Caribbean Card Systems en el Coutts International Bank, nueve millones 836 mil 828 dólares, básicamente mediante transferencias de fondos a cuentas personales o a cuentas de compañías de su propiedad o de proveedores de servicios prestados en su provecho.

Según la acusación, se suministraron informaciones falsas a los miembros del Consejo de Directores, a los accionistas, a las autoridades monetarias financieras y al público en general, sobre la situación real de los ingresos, activos y pasivos del Banco Dominicano del Progreso -Banco Múltiple, ocultando la situación real de dicha entidad financiera.

En el período de 2001 a octubre de 2005 fueron registrados en la contabilidad de ese Banco aproximadamente tres mil 500 millones de pesos en ingresos no reales, dice el expediente.

Estos registros, agrega el expediente, tenían por objetivo presentar utilidades en los estados financieros del Banco cuando en realidad estaba experimentando pérdidas.

La querellla fue presentada por el Grupo Progreso, el Banco Dominicano del Progreso, Caribbean Card System, BDP International Finance Corporation, Credicobros, Roberto Bonetti Guerra, Berndt Ladurner, José Diez Cabral, Juan Bautista Vicini, Miguel Barletta, Rafael Perelló  y Andrés Gustavo Pastoriza, a través de sus abogados Abel Rodríguez del Orbe, Francisco Alvarez Valdez, Roberto Rizik Cabral, Olivo Andrés  Rodríguez, Tomás Hernández y Julio César Camejo Castillo. 

Según el sometimiento, el ejecutivo bancario adquirió en septiembre de 2001 una lancha marca “Bertram” por un millón 300 mil dólares con recursos del Banco del Progreso.

Asimismo, dice la acusación que se sustrajeron aproximadamente 37 millones de pesos a través de la “caja chica”, asignada y aprobada por Castillo para la presidencia ejecutiva del Banco del Progreso.

Desde el año 2003, a raíz de la crisis bancaria por la que atravesó el país, los miembros del consejo de directores del Grupo Progreso instruyeron a Castillo para que desmontara gradualmente los papeles comerciales colocados por la entidad bancaria.

Sostienen los querellantes que de dos mil 79 millones 78,342 pesos que supuestamente existían al 31 de enero de 2003, el monto total de papeles se redujo, según los estados financieros entregados, a mil 27 millones 201 mil 635 pesos al 31 de diciembre de 2004.

Para esa fecha, según la acusación, la confianza del Consejo de Directores en su presidente se había deteriorado seriamente debido a las quejas de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia de Valores por la escasa información que recibía en relación con las operaciones tanto del Grupo Progreso como del Banco.

La acusación sostiene que en octubre de 2005,  los miembros del Consejo se enteraron, luego de una investigación, que la emisión de papeles comerciales no ascendía a los valores informados.

Dice que ante esta situación los miembros del Consejo y accionistas, para no afectar la confianza del Banco del Progreso, tuvieron que aportar diez mil millones de pesos, con lo que se garantizaban el pago a todos los inversionistas en obligaciones emitidas por Grupo Progreso y Servicios y Análisis Crediticios, Caribbean Card System, LTD, y BDP International Finance Corporaton, habiendo sido reducido el monto de papeles comerciales emitidos por el Grupo Progreso de la suma  de RD$7,796,832,996.61 que existían al día 31 de octubre de 2005 a 326,747,389.40, con lo cual han sido desmontados  hasta la fecha el 95.55 por ciento de los papeles comerciales que habían sido emitidos por el grupo a esa fecha.  

El expediente acusatorio dice que el imputado impartía instrucciones a Ismael González para que redactara tres formatos de estados mensuales; el primero con un monto de papeles comerciales mucho menor que el real, para ser presentado en las reuniones del Cconsejo, el segundo con el monto de los papeles no reflejados en el primer informe y otro consolidando toda la información.

De igual manera, dice la acusación que fue transferido un total de 400 mil dólares desde las cuentas del Banco del Progreso, de Crediprogreso y de Caribbean Card Systems, en el Coutts Internacional de Miami, a una cuenta personal número 575208.

La querella además a las sociedades Carlow Ventures, Linx Aviation, Gaviota del Sol y Tenedora Pelícano.

La parte demandante pide al fiscal además una investigación sobre las actuaciones del ex vicepresidente de finanzas del Grupo Progreso, Ismael González; de la señora Lissete Goico, ex asistente de Castillo; Wendy Serrallés, así como de las antiguas funcionarias de los departamentos de Tesorería y Finanzas, Lucía Mejía y Xiomara Barreras.

Castillo está acusado de robo agravado, estafa y abuso de confianza siendo asalariado, así como de lavado de activos.

CASTILLO DE DEFIENDE

Castillo interpuso una demanda laboral contra el Grupo Progreso y el Banco Dominicano del progreso ante el Tribunal de Trabajo del Distrito Nacional por el pago de sus prestaciones laborales, salarios, bonificaciones y derechos adquiridos por contrato, pendientes por más de 94 millones de pesos, por lo cual reclama una indemnización de 250 millones de pesos.

De acuerdo a una información publicada ayer en el periódico El Nacional,la instancia presentada al tribunal reclama declarar la nulidad de su despido y su reintegración al trabajo.

Solicitan auditoría

Castillo pidió a la Quinta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito ordenar una auditoría legal a todas las transacciones y operaciones del Grupo Progreso. Sostiene  que se demostrará que los miembros del Consejo de Directores estuvieron en todo momento enterados  del destino y los montos de las captaciones realizadas por el Grupo.

El consejo de abogados de Castillo, encabezado por Radhamés Cornielle Mendoza, entregó una copia de la instancia “de Demanda en realización de Auditoría legal contable del Banco Dominicano del Progreso”.

La demanda depositada ayer asegura que los únicos funcionarios designados y autorizados por el Consejo de Directores del Grupo Progreso para captar recursos y actuar en todos los actos de negocios, incluyendo la firma de los documentos y títulos relacionados con la emisión de papeles comerciales del Grupo eran los vicepresidentes ejecutivos Juan José Arteaga y Marino Incháustegui, y la totalidad de la emisión de los papeles comerciales manejada por la empresa Provalores presidida por Alejandro Ruíz.