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Alrededor de 85 millones de personas en América Latina y el Caribe tienen algún tipo de discapacidad, lo que equivale a 14,7% de la población total, de acuerdo con un nuevo reporte del Banco Mundial que llama la atención sobre las barreras físicas, legales y sociales existentes y la necesidad de seguir avanzando en la inclusión de las personas con discapacidad con el fin de construir un futuro más próspero y resiliente.
De acuerdo con datos obtenidos a nivel global la exclusión de las personas con discapacidad puede representar una pérdida de entre 3 y 7% en el PIB de un país.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de diciembre, el reporte señala que en uno de cada tres hogares de la región vive al menos una persona con algún tipo de discapacidad.
La prevalencia es mayor en las áreas rurales y entre los extremadamente pobres, indica el informe “Inclusión de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe: Un camino hacia el desarrollo sostenible”. La exclusión de personas con discapacidad no sólo es injusta sino insostenible: 15% de los niños con discapacidades no está en la escuela y una de cada dos personas con discapacidad no participa en el mercado laboral.
“En América Latina y el Caribe tenemos por delante una enorme tarea de reconstrucción de las economías luego de una de las crisis más devastadoras, provocada por la pandemia de Covid-19. Y la evidencia global muestra que el crecimiento por sí solo no será suficiente para reducir las inequidades que ya existen”, dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
“Las personas con discapacidad deben poder participar plenamente de la vida pública, sin sufrir discriminación alguna ni marginación en escuelas o lugares de trabajo. Además, deben poder acumular el capital humano necesario para ser incluidos y tener dignidad y oportunidades en la vida y para poder contribuir a la reconstrucción de nuestros países.”
La pobreza, la falta de acceso a educación y oportunidades laborales, la informalidad, la falta de reconocimiento de la capacidad jurídica y la discriminación son realidades con las que las personas con discapacidad conviven todos los días. Más aun, según el informe la discapacidad y la pobreza se alimentan mutuamente.
En uno de cada cinco hogares en situación de pobreza extrema en la región vive una persona con discapacidad. Y cerca de siete de cada 10 hogares con personas con discapacidad son vulnerables a caer en la pobreza en situaciones de crisis.
El reporte muestra cómo algunos grupos que ya enfrentan otras desventajas son especialmente vulnerables, como las mujeres, la población rural, los pueblos indígenas y los afrodescendientes. Por ejemplo, en países tan diferentes como Brasil, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay, las personas con discapacidad tienen una media de 24% menos de probabilidades de completar la educación primaria, pero un 30% menos si además pertenecen a una minoría etnoracial. Los desbalances también se multiplican por las desigualdades con base en el género.
En la mayoría de los países de la región, la probabilidad de ser vulnerable aumenta si el hogar tiene jefatura femenina. Cuando hay una persona con dependencia funcional en un hogar, el estudio muestra que son mayormente las mujeres quienes se encargan de las tareas de cuidados, sin remuneración. El valor del trabajo de cuidados no remunerado oscila entre el 16% y el 25% del PIB.
El número de personas con discapacidad tenderá a aumentar en el futuro, debido al envejecimiento poblacional y a que las discapacidades se acumulan con la edad. Se espera que el número de personas de 60 años o más aumente de los 59 millones que hay en la actualidad a 196 millones para el año 2050, lo que vuelve imprescindible avanzar en políticas inclusivas. No hacerlo, indica el informe, podría poner en riesgo la sustentabilidad de largo plazo de la recuperación post pandemia.
Dado que las personas con discapacidad son una población heterogénea, el reporte enfatiza la importancia de diseñar políticas que contemplen las condiciones específicas de cada país y cada situación. Para hacerlo se requieren más y mejores datos, objetivos claros y medibles, afrontar y eliminar los estereotipos, y empoderar a las organizaciones de personas con discapacidad.
Si bien el reporte evidencia el grado de extrema vulnerabilidad en el que se encuentra una parte importante de este grupo, también destaca la creciente visibilidad que tiene hoy la exclusión de las personas con discapacidad, hecho que plantea un serio desafío al desarrollo sostenible de América Latina y El Caribe.
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