POR TANIA HIDALGO
Los abogados del Banco del Progreso sometieron ayer a la justicia a Graciela Gómez de González, esposa de Plutarco González, quien alegadamente mató al humorista Milton Peláez,  tras acusarla de presunta falsedad en escritura bancaria, robo y abuso de confianza.

En la instancia depositada por ante la fiscalía del Distrito Nacional, los abogados Francisco Alvarez Valdez, Roberto Rizik Cabral, Tomás Hernández Metz y Luciano Jiménez, en representación de la entidad bancaria, indican que  Gómez “manejó indebidamente los certificados de depósito hechos por Milton Peláez a nombre de sus hijos, principalmente de Mary Peláez”.

Sostienen que de acuerdo a un experticio caligráfico efectuado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) se determinó que en 19 de los 100 certificados en pesos y en 5 de los 52 certificados en dólares la firma que aparece no es la del humorista.

Las investigaciones del Banco del Progreso detectaron que para la cancelación de los certificados, la señora Gómez no cumplía con los reglamentos existentes y que en la gran mayoría de las operaciones ella tramitaba directamente la cancelación de los certificados, al margen de la institución.  Según los abogados de la entidad financiera, la señora Gómez presentó su renuncia a su posición de Gerente de la Sucursal Churchill del Banco del Progreso el 30 de junio de 2006 para adelantarse al hecho inminente de su despido “debido a las irregularidades que ya había detectado la auditoría que se le efectuaba en relación con operaciones relacionadas a vinculados”.

En la instancia de 14 páginas, se indica además que la auditoría se inició luego que se comprobó que Graciela había aprobado el pago de un cheque en tránsito a favor de su esposo, en franca violación a las normas de la entidad bancaria.

Durante el arqueo de las operaciones, se detectó que la imputada incurrió en prácticas anómalas con otros vinculados como su hija Karla Graciela y con la compañía Derestilus, presidida por la señora Digna Ruiz, madre del novio de su hija.

La señora Graciela, de acuerdo a la acusación, “obtuvo irregularmente cheques provisionales a nombre de Derestilus, los completó y firmó imitando la firma de otra persona y cobró sin poseer calidad ni poder para tales fines, apropiándose de los valores para su beneficio personal, en perjuicio del Banco del Progreso”.

 La entidad bancaria solicitó a la fiscalía disponer una exhaustiva investigación sobre las actuaciones de Graciela y de todas aquellas personas que pudieran estar involucradas en los hechos fraudulentos descritos en la presente instancia.

Además se reserva el derecho de requerir oportunamente la imposición de medidas de coerción en contra de la imputada, en consideración al derecho que le confieren a tales fines los artículos 226 y siguientes del Código Procesal Penal.

“El banco se reserva el derecho de aportar nuevas evidencias una vez concluyan las investigaciones que se realizan, y de adicionar nuevos imputados y nuevos cargos en el caso de que los resultados de las investigaciones así lo justifiquen”, indica la instancia.

La entidad bancaria se constituyó en actor civil en contra de la señora Graciela a los fines de reclamar las indemnizaciones que correspondan para reparar los daños y perjuicios materiales y morales que ha experimentado el impetrante como consecuencia de las actuaciones fraudulentas o infracciones cometidas por la acusada en su perjuicio.

El Banco se reserva el derecho de indicar y presentar oportunamente la cuantía y justificación de los daños y perjuicios experimentados, en consideración con lo dispuesto por el artículo 297 del Código Procesal Penal.