Madrid.   De los Servicios de Hoy.  Los bancos españoles, contrario al deseo del gobierno, no tienen intención  de impulsar una concentración de los intermediarios financieros,  de echarse en brazos de otros y todos han declarado que son capaces de cubrir por sus propios medios  las nuevas exigencias.

Según las conversaciones que se han sostenido hasta ahora,  sólo las entidades más fuertes ponen como condición la recepción de ayudas públicas para hacerse cargo de las más débiles.

Una publicación del diario digital El Economista plantea que en principio se darán con cuentagotas por el excesivo déficit y deuda del Estado y el dinero que se destine para el saneamiento financiero está reservado para vender las cajas nacionalizadas (Unnim, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia).

Las expectativas de que se produzca una nueva oleada de integraciones en las próximas semanas  se ha diluido y la mayoría en el sector sostiene ahora que las operaciones se reducirán a la mínima expresión.

Incluso, algún directivo se atreve a decir que no habrá ninguna al margen de las nacionalizadas. Por lo que el objetivo del ministro Luis de Guindos es recortar el número de entidades a doce parece

Las ventajas que otorga la reforma no han supuesto un incentivo para que los movimientos se aceleren y los proyectos que manejan a día de hoy se basan en agotar todas las alternativas para conseguir los recursos para dotar las provisiones por importe conjunto de 50,000 millones este año en solitario antes de emprender una aventura con un socio. La regulación además permite que el Estado conceda ayudas sin necesidad de integraciones, recuerdan varias fuentes del sector. «Esta vía será aprovechada por las entidades que no puedan cubrir con todos sus compromisos en septiembre», sostienen.

Es decir, que los planes que presenten en marzo no incluirán fusiones a no ser que el Gobierno abra la mano y conceda ayudas por el sistema anterior, con bonos convertibles, y no a través de acciones ordinarias. Y aún así la resistencia es máxima ante la pérdida de poder por parte de los gestores de los grupos más débiles. Prefieren agotar todas sus posibilidades y en otoño que entre el Estado con una participación minoritaria en el capital para conseguir los niveles de cobertura exigidos para su exposición inmobiliaria.

La  incertidumbre es que el Banco de España dé su aprobación a la hoja de ruta en solitario de cada una de las entidades. Para algunas fuentes del sector esta duda no debe ser demasiado preocupante, ya que el interés de los grupos más fuertes es mínimo por absorber las débiles. Incluso con ayudas del Estado por la carestía de éstas. Los convertibles llevan aparejado el pago de unos intereses anuales de en torno al 8%. En cambio, sí lucharán por lograr un Esquema de Protección de Activos (EPA) para quedarse con las entidades que subasten. 

Zoom

La CAM, el precedente

Este mecanismo de ayuda no supone coste alguno y la puja de la CAM, que ganó el Sabadell, es un precedente claro de sus ventajas. Por tanto, los más sanos esperarán a crecer con las subastas e, incluso, forzarán que haya más entidades que pasen a manos del Estado a partir de septiembre para que las oportunidades sean mayores. Es más, entidades que han sido cuestionadas por el mercado podrán participar en estas pujas para contar con los beneficios que facilita la legislación aprobada tanto por el Gobierno como por el Banco de España.