Bancos, gobierno y empresarios

Desde el gobierno se ha sostenido una tesis, de manera insistente, que hace responsable al sector privado, específicamente al empresariado, de pagar con impuestos adicionales los grandes y graves desbarajustes ocurridos en el sector financiero, específicamente en tres bancos. La administración del Presidente Hipólito Mejía ha diseñado toda una política en ese sentido, la cual comprende un discurso de presión pública sobre distintos sectores patronales que a veces ha rayado en la desconsideración.

Es claro, por lo demás, que los empresarios han tratado de resistir la presión que les hacen el gobierno y los economistas que ahora ofician en el altar del Palacio Nacional. Pero éstos no han tenido mayores éxitos, porque el gobierno no ceja en su empeño y se niega, por razones estrictamente electorales, a someterse a un plan de restricciones que permita compartir la carga.

Yo, sin embargo, me he estado preguntando desde hace varios meses si hay razones morales de peso que obliguen al sector empresarial a financiar, incluso poniendo en peligro la salud económica de sus negocios, el costo del salvamento de unos bancos que no son de su propiedad y a cuya bancarrota ellos no contribuyeron.

Me parece que no es posible dar una respuesta fácil, porque podría alegarse, aunque sea un argumento al que confiero mucha debilidad, que se trata, de hecho, de una cuestión que atañe a toda la sociedad. Esta es, en el fondo, la esencia del planteamiento que se hace desde el Poder Ejecutivo y desde el sacrosanto Banco Central de la República. Aunque sea un argumento débil, es verosímil.

Yo pienso que la responsabilidad moral de la bancarrota de los bancos en cuestión toca directamente a los organismos gubernamentales que tenían la misión legal y técnica de evitar que ocurriera lo que ahora todos estamos lamentando y lo que ha llevado tanta frustración y dolor a tantas familias, incluyendo a las de las personas que han sido señaladas como los autores del problema.

El gobierno y sus voceros tienen razón cuando dicen que el origen de las anomalías finalmente descubiertas no comenzó en la gestión del Presidente Mejia. Se trata, es verdad, de unas prácticas que vienen de lejos, por lo menos desde los años ochenta. Pero las cifras divulgadas en los últimos meses, sobre todo las que muestran la asistencia financiera del Banco Central a los bancos objetos de salvamento, dicen que fue en esta administración cuando el mal se agravó y cuando recibió mayor generosidad y “comprensión”.

Señalamos que el problema viene desde los años ochenta porque en esos años, específicamente a principios de los ochenta, conocí un estudio elaborado por técnicos de la Superintendencia de Bancos que demostraba cómo instituciones financieras muy respetables concentraban más del 50% de su cartera de préstamos entre las empresas de los miembros de sus respectivos directorios.

Más aún: en los mismos años ochenta, cuando las financieras crecieron como la verdolaga, el Banco Central hizo una investigación que demostraba que casi todos los bancos existentes tenían financieras que operaban al margen de la ley, para pagar y cobrar tasas de interés por encima de lo establecido por las normas vigentes. Obviamente, el capital con que trabajaban llegaban, por vasos comunicantes, desde las matrices financieras que las auspiciaban.

Creo también, si la memoria no me falla, que en la gestión de Bernardo Vega como gobernador del Banco Central la Junta Monetaria estableció unos límites para la concesión de préstamos a familiares y empresas vinculadas a los directivos de las instituciones financieras y era necesario, además, solicitar una autorización a la Junta Monetaria.

Con estos “recuerdos” quiero decir que desde tiempos inmemoriales, con el perdón de la hipérbole, ha habido normas que los responsables de hacerlas cumplir no han deseado ponerlas en ejecución. Y no lo han querido hacer porque el sector publico dominicano nunca ha querido existir sin la complicidad del sector privado, porque propiciando el desorden y manteniéndolo es que la función publica se hace rentable.

Yo soy de los que considera que el gobierno no ha propiciado, hasta ahora, que el sector privado le sea totalmente independiente, como sería lo adecuado, porque entonces la gestión pública perdería atractivo para muchos de nuestros dirigentes políticos. Claro, a los empresarios no les ha ido mal con esta “juntilla”, porque se conoce que no son una ni dos las fortunas que han nacido o se han consolidado al amparo de unas buenas relaciones con las áreas gubernamentales.

Pero al final de cuentas, siempre habrá que decir que el gobierno y sus instituciones están para cumplir y hacer cumplir la ley. Esa es la obligación constitucional de cada entidad pública y de cada ejecutivo que fundamenta su función en la ley. Nadie puede desertar de esta responsabilidad sin incurrir en faltas graves, legales y morales.

Debo confesar que no tengo una sola razón para dudar de la buena intención con que han obrado las autoridades del Banco Central y de la Junta Monetaria –para todos los fines prácticos es lo mismo— pero financistas de renombre, economistas prestigiosos, ex gobernadores del Banco Central de la República y él hasta hace poco Consultor Jurídico del Banco Central han dicho que el camino seguido para salvar a los depositantes de estos bancos no fue el adecuado ni el que establece el Código Monetario y Financiero. Y yo estoy persuadido de que ha sido así.

Concluyo entonces diciendo que el gobierno no tiene razón cuando pretende hacer ver a la opinión pública que son los empresarios los que tienen la responsabilidad de cargar con los costos de un salvamento bancario cuya vigilancia y supervisión recaía sobre organismos gubernamentales. Tampoco creo que debamos seguir erosionando las finanzas del aparato productivo de la nación en aras de un “problema de todos”. El gobierno debió en principio aislar los enfermos y tratarlos de tal manera que contaminaran lo menos posible el resto de la sociedad. Creo que todavía hay tiempo, aun cuando hay daños que ya están hechos.

(bavegado@yahoo.com)