Hoy 
POR LOYDA PEÑA
La protección de algunos jueces de la Junta Central Electoral (JCE) es lo que habría impedido que un grupo de empleados que operaba una banda de falsificadores en la Oficina Central de la Oficialía del Registro Civil haya sido cancelada y sometida a la justicia.
La comisión de irregularidades en esa dependencia de la JCE había sido denunciada por el periódico HOY el pasado 30 de octubre y notificadas en detalles al Pleno de la Junta en fecha 29 de noviembre, en un informe preparado por el departamento de Seguridad de ese organismo.
En el informe, copia del cual obtuvo HOY, se detallan todos los tipos de falsificaciones que hacían «lo que fue una estructura de fraude integrada por empleados con posibles ramificaciones foráneas».
La comunicación, dirigida al presidente de la JCE, doctor Luis Arias, expresa que «después de los experticios realizados, concluimos identificando como miembros de la organización a los siguientes empleados».
Se trata de los señores Daniel Pimentel Mejía, Luis Emilio Martínez L., Rafael García (identificados en la crónica de HOY), Rafael Santana Terrero, Vladimir Montaño, Eddy Laureano Guante, Eligio Jean F., Joan Manuel Boitel Hernández, Johanny Rachel Oviedo, Marisol Fermín Cabrera, Ramón M. Núñez Castillo, Arsenio Contrras Fabián, Jorge Grullón Lara, Francisco del Carmen Ortiz, Dani Then Martínez y Joselín Peguero Ramírez.
De acuerdo con el informe, la mayoría de los citados más arriba operaban bajo la dirección de Pimentel Mejía, Laureano Guante y García, éstos tres últimos quienes se encargaban de captar los clientes, suministrar los datos falsos para el cliente y ponerle precio al trabajo.
Esos trabajos incluían alteración de actas de nacimiento, incluido a jóvenes que serían firmados como peloteros; crear nuevos nombres a personas ya declaradas (para diferentes fines); incluir como reconocidos a hijos que no lo son, y declarar en una Oficialía a personas ya declaradas en otra de esas oficinas.
El grupo de empleados además preparaba «paquetes» que facilitaban al cliente sacar cédulas, pasaporte y obtener visa norteamericana, ya que se le «creaba un nombre de una persona solvente sin que quedara asentada en los libros». Por este paquete se cobraba entre RD$250,000 y RD$500,000.
Para patentizar los fraudes, -dice el informe-, el grupo procedía a arrancar la hoja en que los Oficiales Civiles anotaban el cierre de libro de cada año, y procedían a incluir folios falsos que preparaban con hojas del mismo libro y que daban a firmar y sellar al Director o a la Subdirectora, entre otras cosas.
El informe señala que hay otros implicados en la mafia que serán identificados posteriormente «en base a la profundización de la investigación y la implementación de una labor de inteligencia a lo interno de la Oficina Central y, fundamentalmente, en sus áreas neurálgicas: legalización, archivos, CIES-00 y otras».
La investigación sobre las irregularidades cometidas en la sede central de la Oficialía del Estado Civil, localidad en La Feria, fue ordenada por el director de Seguridad de la JCE, licenciado César Félix.
