La Red Socioambiental Nacional expresa su profunda preocupación y condena ante la aparente indiferencia, desconsideración y abuso de poder de las autoridades respecto al caso de las barcazas establecida la fuerza en Puerto Viejo de Azua.

Dice que el término “a la fuerza” no es una exageración, ya que las movilizaciones y protestas de la comunidad Los Negros, pueblo históricamente pesquero, fueron ignoradas.

Señala que desde el inicio, esta comunidad alertó sobre los daños potenciales y las repercusiones negativas para sus familias, así como para el ecosistema local.

Recuerda que diversos ambientalistas se unieron a este clamor, señalando las amenazas a las áreas protegidas y la vida silvestre que el establecimiento de las barcazas podría causar.

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La red sostiene que un análisis exhaustivo y veraz de riesgos debe preceder a cualquier otorgamiento de permiso ambiental.

Tal medida podría haber impedido catástrofes, como las que observan en este año: la mortandad masiva de especies marinas y el derrame de fuel oil del pasado 31 de agosto, que afectaron directamente a los manglares.

A pesar de las advertencias, la respuesta de las autoridades ha sido el silencio, sin poder alegar desconocimiento, ya que tanto el movimiento ambientalista como la comunidad local realizaron las advertencias pertinentes antes de la instalación de estas plantas productoras de energía.

Considera que si las autoridades del Medio Ambiente hubieran atendido desde el principio las preocupaciones y advertencias, los daños actuales podrían haberse evitado.

“No podemos quedarnos callados ante esta afrenta, ante este ejercicio prepotente de autoridad por parte de funcionarios y de la autoridad pública, para fines distintos del interés general, poniendo en riesgo nuestra tierra y nuestras vidas”, expone en un comunicado.

La entidad que agrupa a más de 100 organizaciones, cree que la situación da cuenta del notorio irrespeto hacia el ecosistema de Puerto Viejo, la comunidad de Los Negros y todos los residentes de Azua afectados por las repercusiones de estas barcazas, por lo que reclama las correspondientes responsabilidades administrativas (ceses o dimisiones) y el sometimiento a la justicia de los responsables de los accidentes.

La Red Socioambiental Nacional, que agrupa a más de un centenar de organizaciones ambientales y sociales, considera que aún se está a tiempo de mitigar el impacto, ya que no se puede permitir que este desastre continúe.