Barreras contra el comercio

Barreras contra el comercio

Los Acuerdos de Bretton Woods, suscritos en julio de 1944, trazaron las pautas de lo que es hoy el comercio internacional. Un objetivo logrado entonces fue remover o atenuar muchas de las barreras arancelarias que los países imponían a los otros para proteger sus industrias. Y parece que habrá necesidad de nuevos acuerdos para librar al comercio de otras barreras, tan o más perniciosas, caprichosas y restrictivas que las arancelarias. Se trata de las trabas no arancelarias que ya abundan como la mala yerba.
Una encuesta dada a conocer por la Dirección de Comercio Exterior (DICOEX), del Ministerio de Industria y Comercio, identifica numerosas barreras no arancelarias a que se enfrenta el 54% de los productores y exportadores dominicanos. Ejemplos de estas trabas son el empaquetado genérico de los productos del tabaco, que pretende Australia y que Estados Unidos secunda con restricciones de otro género, y la prohibición de ingreso terrestre a productos dominicanos impuesta por Haití.
El valioso diagnóstico obliga a articular una sinergia más estrecha entre los sectores público y privado locales, y formar bloques de países para trazar en conjunto estrategias contra estas trabas, mejorar la competitividad y procurar que organismos como la Organización Mundial del Comercio frenen los perjuicios derivados de las barreras.

Ese dueto no logra armonía

A raíz de graves denuncias de depredación forestal para producción de carbón, el Ministerio de Medio Ambiente reaccionó minimizando la importancia del asunto y atribuyendo esa explotación boscosa a parte del plan oficial de manejo forestal. Pero el Ejército Nacional, que fue al terreno de los hechos, da cuenta de haber destruido decenas de hornos y arrestado a unos 200 haitianos indocumentados involucrados en las operaciones. El estamento militar describe como preocupante lo que está ocurriendo.
Evidentemente, este dueto oficial no logra armonía, y en razón de que son muchas las voces que denuncian el crimen ecológico, se justificaría que el Gobierno encargue una auditoría independiente, y que a partir de los resultados que arroje, aplique los correctivos pertinentes.

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