La Barrick Pueblo Viejo  requerirá los  servicios de  una universidad para trabajar con las comunidades de Cotuí debido a los conflictos originados entre el alcalde  de allí y  miembros de la Alianza Público Privada para el Desarrollo Local Sostenible por los fondos que ha entregado la minera para la construcción de obras comunitarias.

La minera recordó que la iniciativa de crear la Alianza  surgió de la propia empresa en el entendido de que sólo con la unión de  los representantes de las comunidades, autoridades y empresas se puede lograr el desarrollo de Cotuí.

La Barrick dijo que incluso podría cambiar el nombre de la Alianza debido a los problemas suscitados entre el alcalde Rafael Molina Lluberes y quien fuera asesor técnico del organismo, Enrique de León. Ambos se acusan mutuamente de malversar fondos de la minera.

Jorge Esteva, vocero de la Barrick, informó que ya De León no trabaja en esa empresa desde el pasado nueve de noviembre, pues su contrato como consultor técnico expiró.

Esteva dijo que la universidad que será contratada, la cual no identificó porque aún  están  en el proceso de negociación, tiene experiencia en asuntos de gobernanza y  transparencia. Apuntó que la entidad  educativa capacitará a las organizaciones locales en aspecto de las leyes municipales, de contratación de obras públicas, presupuestos participativos, a los fines de que puedan acceder a los fondos con mayor conocimiento.

Se recuerda que la Barrick dispuso US$7,000,000 para  obras comunitarias en zona de Cotuí. De estos, entregó una primera partida de US$2,000,000 al cabildo para que construya una serie de obras acordadas con las comunidades.

Sin embargo, de esos fondos el alcalde Molina Lluberes usó RD$11,500,000 en  pagos de honorarios legales  en su defensa por una litis con la propia Barrick, lo cual  conllevó a que la minera suspenda la entrega de fondos al cabildo hasta tanto reintegre ese monto.

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Consejo se desliga

El Consejo Económico y Social Municipal de Cotuí  se desligó de cualquier  acción  que se haga de opinión pública o judiciales sin la autorización de su pleno. Asimismo, desautorizó a cualquier persona a firmar en su representación. La precisión se hace debido a que en un documento que entregaron técnicos de la Alianza  a la prensa aparecen dos personas firmando por el Consejo Económico, lo cual  desconocía y desaprueba.