La empresa  minera Barrick Pueblo Viejo ratificó su disposición a seguir el diálogo con el Estado sobre los aspectos del contrato suscrito y aprobado por el Congreso Nacional, aunque aclara “que bajo sus facultades constitucionales”.

Empero, la empresa de capital canadiense reiteró las limitaciones que enfrenta, debido a compromisos asumidos con las instituciones que financian el proyecto.

En un documento enviado a los medios por la minera, su presidente, Manuel Rocha, dijo que “la plataforma legal e institucional en que se sustenta el contrato de explotación por 25 años de la mina de Pueblo Viejo brinda un marco de confianza y seguridad para la inversión de capitales que favorece a la nación a corto, mediano y largo plazos.