Foto: Instalaciones Barrick. Fuente Externa

Para el presidente de la República, Danilo Medina, el esquema fiscal establecido en la más reciente versión del contrato con Barrick Gold Corporation, que concesiona la mina de oro Pueblo Viejo, en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, es “sencillamente inaceptable” y hay que renegociar para que los beneficios sean “equitativos”, aunque el acuerdo fue negociado y firmado por un gobierno de su misma organización política y aprobado por legisladores de todos los partidos.

Las modificaciones han sido la regla. El presidente Danilo Medina manifestó, en el discurso en que llamó a renegociar el contrato con Barrick, que las modificaciones de los esquemas fiscales acordados con las empresas petroleras y de minerales han sido la regla y no la excepción en el mundo, a raíz de los aumentos inesperados de precios que han tenido lugar.

Afirmó  que lo que el Gobierno dominicano está requiriendo no es algo muy diferente a los cambios fiscales hechos en Argelia en 2006, en Argentina en 2002, 2004 y 2006, en Australia en 2008, en Bolivia en 2005, 2006 y 2007, en Canadá en 2007, en China en 2006, en Ecuador en 2006, 2007 y 2008.

Igualmente en India en 2008,  en Inglaterra en 2002 y 2005, en Italia en 2008, en Kazajistán en 2008, en Mongolia en 2006, en Nigeria en 2008, en Papúa Nueva Guinea en 2008, en Rusia en 2002 y 2003, en Estados Unidos en 2005, 2006 y 2007, en Venezuela del 2002 al 2008, en Vietnam en 2008,  y en Zambia en  2008.

La situación no es nueva para la Barrick. No es la primera vez que la multinacional aurífera enfrenta este tipo de situación. En otros países, elementos de los acuerdos han sido señalados negativamente. Es el caso de Pakistán, donde la Corte Suprema calificó de ilegal el acuerdo entre Antofagasta Minerals (AMSA) y Barrick, para explotar en una provincia llamada Balochistán.

Pero el grueso de los cuestionamientos a los contratos con Barrick y sus operaciones no proviene de los gobiernos, sino de las poblaciones, que suelen presionar a sus gobernantes para que procedan a favor de lo que entienden como intereses nacionales.

De acuerdo a un artículo del diario La República, de Perú, de fecha 18 de febrero 2013, los pobladores de Quiruvilca han rechazado la ampliación de un proyecto minero de la empresa canadiense y han amenazado con volver a bloquear carreteras si no son atendidos por el gobierno.

Vicente  Burgos,  presidente de las rondas campesinas de Quiruvilca, le dijo a La República que la minería no ha traído desarrollo a las comunidades, sino, al contrario, ha causado divisiones y ahora amenaza con contaminar las fuentes de agua.

Antes observatorios internaciones como CorpWatch registraron decenas de litigios vinculados a contratos con Barrick, como el de la Tribu Te-Moak, el Proyecto de Defensa de los Shoshones Occidentales y el Observatorio Minero de la Cuenca Grande (Great Basin Mine Watch) contra la Secretaría de Tierras Fiscales de los Estados Unidos, argumentando principalmente que se infringió la Ley Nacional de Preservación Histórica al no consultar con los Shoshones occidentales en relación al proyecto de exploración minera Monte Tenabo y Cañón Horse.

Además, según los alegatos compilados por CorpWatch, se violó la Política Nacional Ambiental de Estados Unidos, al no reseñar los impactos de otro proyecto minero propuesto en la misma zona.

Otro argumento fue que se infringió la Ley Federal de Política y Administración de Tierras y la Política Nacional Ambiental cuando se aprobó la exploración minera sin conocer adecuadamente la ubicación de las rutas y los yacimientos de perforación, entre otros datos; y que tampoco se protegieron adecuadamente los recursos patrimoniales de los aborígenes.

CorpWacth también incluyó el caso de la tribu australiana Wiradjuri, que en el 2001 emprendió una batalla legal en la Corte Federal y en la Corte de Tierra y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur, cuestionando la validez de los permisos otorgados por el gobierno a Barrick “para destruir todos los yacimientos de valor patrimonial cultural en el Lago Cowal”, y que no se protegieran los derechos nativos a los títulos de propiedad de las tierras de los Wiradjuri.

En un recorrido por todas las concesiones, incluyendo las de GoldCorp, que tiene el 40% de Pueblo Viejo, hay un cuestionamiento repetitivo: el referido al uso de agua en grandes cantidades para las operaciones de las minas y la posible contaminación de los acuíferos como consecuencia de la explotación. 

Caso dominicano. Desde que se anunció la llegada de Barrick Gold al país iniciaron las protestas protagonizadas ambientalistas dominicanos y jóvenes activistas sociales. Se recuerda, entre ellas, la de un grupo que hizo una caminata desde la capital hasta las instalaciones de la minera en Cotuí.

Después de eso hubo altibajos en las manifestaciones pero el sentimiento de oposición está nueva vez en el tapete gracias a la lapidaria sentencia del presidente dominicano, Danilo Medina: “‘El oro de la patria de Duarte es del pueblo dominicano. Sólo podrá ser extraído, procesado y exportado bajo condiciones justas y favorables al país”.

EL ZOOM

La más grande del mundo

Barrick Gold Corporation es considerada la mayor productora de oro del mundo, con 27 minas en operación. Por esa razón, generalmente suscita los elogios de los sectores oficialistas y, de otro lado, el rechazo de poblaciones y activistas.