El contrato acordado por el Estado dominicano con la minera canadiense Barrick Gold ha levantado una tromba de protestas, censuras y reclamos porque se alega es altamente perjudicial a los intereses del país. Voces de calificados profesionales de minería como los ingenieros Osiris de León y Ramón Alburquerque no han economizado nadita espítetos calificando a la Barrick de pulpo desalmado, esquilmador y abusador.

El ministro de Industria y Comercio, José Ramón Fadul, vertió el 23 del presente mes algunas precisiones alusivas, empezando por denunciar que percibe un marcado interés personal de los denunciantes en vez de un interés nacional. El ministro Fadul precisa que son los legisladores que cuestionan el contrato con la Barrick los que deben pronunciarse exponiendo cuales son las fallas que contiene para proceder ellos mismos por consenso, a corregirlas o enmendarlas.

Los depósitos de minerales en los países del III mundo necesariamente tienen que explotarlos los grandes consorcios mineros de los del primer mundo (ricos), porque los primeros carecen de los recursos y la tecnología de punta que amerita para proceder a extraer su provecho. El asunto estriba en que los gobiernos preserven para sus conciudadanos la mayor parte de los beneficios de la explotación de los recursos mineros, sobre todo el nuestro que conforme al artículo 14 de la Carta Magna última, define como patrimonio de la República los recursos naturales no renovables (minas). El artículo 50, numeral tres especifica la forma como el Estado concede explotar recursos no renovables “asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público y al equilibrio medioambiental”.

Las protestas sin fundamentos contra la Barrick, que aún no ha iniciado sus operaciones me recuerdan las que se hicieron en 1962, a la Grenda Company que lograron que se marchara del país sumiendo hasta hoy en la miseria esa región.