El desarrollo sostenible fue, y es,  una consigna, nada más. Las políticas de ajustes y el tratado de libre comercio firmado por  R.D. han conspirado contra ese anhelo, por eso se ha convertido en una pura falacia y si, además, los instrumentos de políticas ambientales como son  las “áreas protegidas”, “los Parques Nacionales” o  “Patrimonio de la Humanidad” son categorías dilatorias que permiten la revalorización de esas tierras (porque las saca del mercado inmobiliario momentáneamente) y años después su mutilación por apropiaciones de lobistas que  “desclasifican esas tierras” y las compran, sin transparencia, porque son  casi siempre  objeto de negociaciones en pasillos del Congreso, incluso del Palacio Nacional. Bahía de las Águilas sensibiliza la opinión pública, no así en otros lugares del país. Sin embargo, todos los gobiernos, sin importar el partido, desde los 60  promueven ese negocio que involucra el IAD, el CEA, el Banco Central, el Congreso y bufetes  de connotados abogados, que es en definitiva un saqueo desaforado de los bienes naturales y su  mercantilización por el capital involucrado en ese negocio. Lo grave, lo imperdonable es que por su naturaleza, estas tierras son bienes públicos, forman parte del Patrimonio de la Nación y su desaparición, hipotecan el  desarrollo futuro, así ocurrió con Sans Soucí regalado a un grupo familiar, ahora Bahía de las Águilas “cedida” a impostores, ¿que queda por regalar en el país?  El “desarrollo con concesiones” antes los “Patronatos de áreas protegidas” esconden las “privatizaciones”  y estas afectan todas las costas de la isla incluyendo las áreas protegidas.  Esas privatizaciones (playas, agua, mar y océano, islas y bahías) que se realizan, a veces con E.I.A., pero siempre sin supervisión, por lo tanto sin apego a las leyes y sin tecnologías de descontaminación, agotan y diezman además los recursos “sustento del negocio turístico” como son los marinos, las playas, las barreras de corales y los manglares. Los flujos de capitales internacionales y nacionales que se apropian de nuestros recursos, sean mineros o no, no nos desarrollan, solo, nos empobrecen paradójicamente porque disminuyen nuestro capital natural básico al explotarlo, en toda impunidad.  El escenario político monolítico nos desprotege y amenaza con sus medidas neoliberales aplicadas al turismo, de dejarnos sin acceso público al litoral y con un capital natural considerablemente disminuido, lo que significa en definitiva,  una pérdida neta de nuestra libertad de acción como nación.