Se desconocen las razones que tuvo Leonel Fernández y su gobierno para cambiar un contrato bueno por uno malo, para no establecer con claridad que el Estado Dominicano, como dueño del oro, que no es un recurso renovable, es quien decide cómo repartir los ingresos netos. El contrato es tan malo para los intereses del país, que Barrick lo interpreta a su manera para modificar condiciones implícitas, trata de acelerar la recuperación de la inversión total, hacerlo en dos años y medio en lugar de cinco años. No acepta que su precio de referencia de $732 dólares la onza es muy bueno, el vigente cuando vino al país. Que a ese precio, exportando un millón de onzas de oro y alrededor de dos millones de plata, anualmente obtendría ingreso neto de costos por $600 millones de dólares, suficiente para recuperar su inversión de $3 mil millones de dólares en los cinco años.

Ahora quiere cambiar la regla del juego, alega que no fue el esquema presentado a sus fuentes de financiamientos, que la cotización actual es el precio de referencia, lo que no es cierto, porque la condición es que el precio sea rentable después de amortizar las deudas, como lo es el de $732 dólares. Su verdadero objetivo es reducir a la mitad el tiempo de recuperación de la inversión, quedarse con $700 millones de dólares anuales que pertenecen al Estado Dominicano, me refiero a la diferencia entre el ingreso neto de $1,300 millones al precio de $1,700 dólares y los $600 millones dólares al precio de referencia del contrato. Por eso se resiste a aclarar el contrato, para incorporar lo que nunca debió omitirse, que el exceso de precio sobre los $732 dólares pertenece al Estado Dominicano.

El gobierno debe tener listo el proyecto de ley, que asegure la entrada al fisco del diferencial que representa 57% de los ingresos netos. Tenemos antecedentes históricos, Trujillo fue el primero en hacerlo en 1942, estableció un impuesto escalonado y progresivo a la exportación de azúcar cuando el quintal en el mercado internacional pasó de 75 centavos a $2.15. El impuesto fue 20% sobre el excedente del precio de $1.50 pesos el quintal, 25% del excedente de $3 pesos, 30% del exceso de $3.50 pesos, de 35% del exceso de 4 pesos, de 40% del exceso de 4.50 pesos y 50% del exceso de 5 pesos por quintal. Como consecuencia la recaudación tributaria se multiplicó por diez, de $2.1 millón dólares en 1942 a $22.7 millones de dólares en 1943. Como está sucediendo con Barrick, en aquella ocasión las corporaciones azucareras resistieron la tributación especial, estamos hablando de la South Porto Rico Sugar, Co., propietaria del Central Romana, la West Indies Sugar, Co., propietaria de los ingenios Consuelo, Quisqueya, Las Pajas y Barahona, el Grupo Vicini de los ingenios Angelina, Cristóbal Colón e Italia, y extranjeros dueños de los ingenios Porvenir, Boca Chica, Monte Llano y Amistad. El Presidente Balaguer lo imitó en 1969 y 1971 con motivo de aumentos inesperados del precio del azúcar. También la Gulf & Western se resistió pero tuvo que pagar.