BARRICK versus RD
El contrato de la discordia

<STRONG>BARRICK versus RD<BR>El contrato de la discordia</STRONG>

A más de cuatro años de su aprobación, diversos sectores propugnan hoy por que se modifique el Acuerdo Enmienda al Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros entre el Estado Dominicano y Barrick Gold Corporation, tal vez por los altísimos precios del oro en el mercado internacional, el cambio de Presidente o destellos de “patriotismo” en los legisladores que lo aprobaron sin leerlo.

Desde el principio, en el 2009, ciudadanos agrupados en la Academia de Ciencias, la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y en movimientos sociales, manifestaron su oposición al Acuerdo, calificándolo de estafa, sin embargo, no fueron tomados en cuenta.

¿Qué fue lo que cambió? Es una pregunta difícil de contestar, pero el hecho de que el oro se cotiza hoy a 1,677 dólares la onza y que el costo de producción no llega a 250 dólares, seguro tiene mucho que ver. De hecho es uno de los argumentos del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, quien sostuvo que han variado las condiciones en medio de las cuales se aprobó el contrato cuando el oro “estaba a 300 dólares”. En realidad, el día de la aprobación del Acuerdo Enmienda por parte de la Cámara baja, el 2 de noviembre del 2009, ya el oro se cotizaba a 1,059.15 dólares por onza, en Nueva York. 

Los puntos conflictivos. Los detractores, algunos otrora defensores del Acuerdo, señalan varios puntos “leoninos” o problemáticos, pero el más aludido es el referido a cuánto y cuándo pagará la empresa al Estado. 

En la enmienda Barrick Gold fue privilegiada con la postergación de los pagos al país hasta tanto recupere su inversión, más un 10 por ciento de rentabilidad. La inversión ha ido aumentando de 1,700 millones de dólares, en principio, a aproximadamente 3,700 millones en la actualidad, según las cifras de la minera.

Otro elemento en discusión es el de la remediación de los Asuntos Medioambientales Históricos, de la que el Estado deberá asumir la mitad, es decir 37 millones 500 mil dólares.

Además, la empresa solo pagará por el oro y la plata de Pueblo Viejo, pero tiene libertad para extraer otros minerales como zinc, cobre, cadmio, piedra caliza, exceptuando petróleo y gas, y el país no se los cobrará.     

El punto más sensible de todos para los ambientalistas es el uso gratuito de agua, de una fuente permanente y fiable, solo limitado en situaciones de sequía extrema. También, la posibilidad de expansión de la Reserva Fiscal Minera Montenegro, como se llama la mina.

Las voces. “Con la rapidez que llegó yo no pude leerlo, yo pasé una noche completa en casa e incluso me trasnoché; empecé a leerlo como a las 7 de la noche y terminé como a las tres de la mañana cabeceándome, tomando café, a veces hasta un traguito y avancé. Por esto yo lo que pensé fue: a mí lo que me conviene es no votar; todo fue muy de prisa, hay que reconocerlo”, dijo en una entrevista el senador oficialista por Monseñor Nouel, Félix Nova.

Pero, el 8 de julio del 2009  ya el proyecto estaba depositado en el Senado, cuatro meses antes de su aprobación definitiva por parte de los diputados, tiempo suficiente para que Nova planteara cualquier observación con el propósito de que sus compañeros de la Cámara baja la tomaran en cuenta.

“En la revisión del contrato de la Barrick están los recursos para resolver de una vez y por todas la crisis del sector eléctrico y acabar con los apagones; así como de muchos otros males que el gobierno no puede resolver por las dificultades económicas que vive el país, Danilo Medina tiene que hacer en honor a Duarte lo que hizo Balaguer en 1986 con el contrato de Falconbridge forzar una renegociación en beneficio de la nación”, expresó Ramón Rogelio Genao, uno de los diputados reformistas que votaron a favor del Acuerdo.

Igual que Abel Martínez, los legisladores del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) opinan que con la revisión hay que “procurar mejores condiciones para el país”.

Anteriormente el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, declaró, refiriéndose a una posible revisión que aunque el gobierno es respetuoso de la seguridad jurídica para las inversiones, tiene como eje fundamental la defensa del patrimonio nacional y del pueblo dominicano.

Asimismo, el presidente del Colegio Dominicano de Abogados, José Fernando Pérez Vólquez, manifestó que si dentro del contrato suscrito existe alguna cláusula lesiva para el patrimonio nacional hay que corregirla.

Defensa. Siendo todavía Presidente de la República, durante una visita a la mina Pueblo Viejo, el 7 de febrero de 2012, Leonel Fernández sostuvo que las negociaciones con la minera se basaron en un contrato modélico, que hiciera rentable a la Barrick y beneficiara al país con prosperidad para la gente más cercana al proyecto y sus comunidades.

“No existe otro contrato mejor que el de la Barrick Gold en toda América Latina, en términos de beneficios. El proyecto de Pueblo Viejo es una solución ambiental”, dijo en una ocasión el exdirector de Minería, Octavio López.

El nuevo titular de la Dirección General de Minería, Alexander Medina Herasme, defiende otro aspecto: la prometida gestión del medio ambiente de Barrick.

Poco después de la aprobación, en febrero del 2010, el contrato ya tenía la defensa del presidente de la Asociación de Industriales de Herrera (AIEH), Manuel Cabrera, quien atribuyó a posiciones individualistas los cuestionamientos que se habían hecho al contrato.

“Tengo entendido que el contrato contempla el establecimiento de mecanismos para garantizar la preservación del medio ambiente y los recursos naturales en la provincia Sánchez Ramírez. No solo es importante lo que se logrará allí en materia económica sino también ambiental”, aseguró en ese momento el embajador de Canadá en República Dominicana, Todd Kuiack.

“Ya hay un contrato firmado”. El presidente de la empresa minera Barrick Gold, Manuel Rocha, advirtió que ya hay un contrato firmado y que espera que el Estado dominicano sea responsable.

Recurso de inconstitucionalidad. La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) interpuso un recurso de inconstitucionalidad solicitando la revisión y modificación del contrato.

NOTA: Para leer el contrato hacer click aqui: http://hoy.com.do/dr/documents_det.aspx?id=5562&iid=40

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